Puede y debe haber diferencias de opinión. Pero las amenazas no le hacen bien a la sana convivencia, al avance de las políticas públicas y a la democracia. La coerción retórica tampoco.
Según la RAE, la amenaza es un “Delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia”. Puede ser un gesto, una expresión o una acción “que anticipa la intención de dañar a alguien en caso de que la persona amenazada no cumpla con ciertas exigencias”, se detalla en “www.definición.de”.
En la esfera política, el uso de distintas formas de amenazas se ha vuelto corriente en la última semana a raíz del proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales. Senadores de la República han recibido descalificaciones y acciones de amedrentamiento a través de redes sociales luego de que se manifestaran favorablemente al retiro extraordinario de un 10% de los ahorros previsionales. Pasó lo mismo con diputados cuando el proyecto de reforma constitucional estuvo tramitando en la Cámara Baja. Las intimidaciones llegaron incluso a amenazas de muerte a congresistas que expresaron su respaldo al retiro del 10% de los fondos de las AFP. Todas a distancia, a través de redes sociales, y con base en el anonimato de quienes perpetran estos hechos.
Las tensiones provocadas por el proyecto de retiro de los fondos previsionales llegaron también al interior de los partidos políticos. Se alzaron en una escalada que finalmente desbordó también en amenazas. Entre los propios parlamentarios se ha utilizado el recurso de la amenaza frente al debate. Se anunciaron medidas punitivas para quienes no sigan las directrices determinadas por las tiendas políticas. “Traición”, “máxima sanciones” y “falta a los deberes” son los epítetos utilizados en el calor de los debates. Se anunció también que, de ser aprobado el proyecto de retiro del 10% de las AFP, se solicitará el veto al Presidente de la República.
Puede y debe haber diferencias de opinión. Pero las amenazas no le hacen bien a la sana convivencia, al avance de las políticas públicas y a la democracia. La coerción retórica tampoco. Menos cuando los legisladores buscan alinearse con quienes representan: según la encuesta Cadem, el 86% de las personas consultadas está de acuerdo con hacer uso del derecho a retirar el 10% de sus fondos. Las amenazas anónimas a través de medios masivos ganan amparo cuando autoridades políticas buscan defender sus puntos de vista con base en la descalificación y el amedrentamiento. Los que están en la cancha deben entregar buenos ejemplos a los que asisten desde el otro lado de la gradería.