Para los que no respetan el distanciamiento, ni cuarentenas ni toque de queda, es muy probable que sanciones monetarias sean bastante más persuasivas.
Un poco de perspectiva: al 25 de marzo, el Gobierno decretó cuarentena total para siete comunas de Santiago, además de aduanas sanitarias en los principales puntos de ingreso a la capital. En ese día, se confirmaban 220 nuevos casos de personas afectadas por Covid-19, con 1.142 contagiados en todo el país y tres fallecidos.
Más de cien días después, solo en la Región del Bío Bío ya superamos los 4 mil contagiados. Bío Bío registra casi 4 veces la suma de todo Chile cuando se decretó la cuarentena para siete comunas de Santiago. El último reporte de nuevos casos confirmados en la región da cuenta de 171 nuevos casos de Covid-19, más los 329 que se encontraban pendientes de ingreso a la plataforma de notificación del Ministerio de Salud.
Las medidas restrictivas adoptadas en marzo para las comunas de la Región Metropolitana buscaban detener el avance de la pandemia. Los números demostraron una menor propagación del coronavirus en las comunas con restricciones a la movilidad. Y por ello alcaldes de todo el país han reiterado la necesidad de establecer una cuarentena para comunas que presentan tasas de contagio preocupantes. En Bío Bío, los jefes comunales de Concepción, Talcahuano, Los Ángeles y Coronel hicieron la misma solicitud a las autoridades sanitarias. En definitiva, es la autoridad sanitaria quien determinará las medidas necesarias para controlar la pandemia, bajo criterios validados por organismos internacionales.
Sean cordones sanitarios, sean cuarentenas, lo cierto es que se requieren medidas estrictas. Porque existe un evidente relajo de una parte de la población frente a las medidas sanitarias, y los números de casos confirmados de las últimas semanas confirman las advertencias: mayores aglomeraciones y ciudadanos de paseo por las calles céntricas de las comunas más pobladas.
Una iniciativa que podría entregar mayor incentivo a respetar las medidas sanitarias tramita por el Congreso y busca aumentar las sanciones ante el incumplimiento. Debería ser aprobado con premura, y establece penas de entre 61 días hasta tres años de presidio, además de multas alternativas que oscilarán entre los $500 mil a los $10 millones. Si se comprueba el dolo en el incumplimiento, éstas llegarían a los 5 años y multas de hasta 12 millones 539 mil pesos. Para los que no respetan el distanciamiento, ni cuarentenas ni toque de queda, es muy probable que estas sanciones sean más persuasivas.