Más allá del gesto, surge la interrogante de por qué esta reforma se hizo ahora y no antes, considerando que las altas remuneraciones llevan mucho tiempo.
Ayer, el Presidente Sebastián Piñera anunció la promulgación de ley que rebaja la dieta parlamentaria y los sueldos a otras autoridades como el Jefe de Estado, ministros y subsecretarios. En el acto, el mandatario aseguró que se trata de “una reforma justa y necesaria que mejorará nuestra democracia”. Ahora, de acuerdo a la normativa, la disminución de la dieta parlamentaria quedará en manos del Consejo de la Alta Dirección Pública, que deberá tomar su decisión en no más de 30 días. Esto, a la espera de la creación de un nuevo organismo que se encargue de fijar los sueldos de congresistas y altas autoridades.
La Alta Dirección Pública tendrá 90 días para fijar el nuevo sueldo de las otras autoridades contempladas en la ley: ministros, subsecretarios, jefes superiores de servicio, gobernadores regionales, delegados presidenciales, delegados presidenciales provinciales y funcionarios de exclusiva confianza de carácter político.
En el actual panorama de emergencia sanitaria, donde muchas personas han perdido su trabajo, están suspendidos de sus funciones a través de la Ley de Protección al Empleo o simplemente han mantenido una cesantía que venía de antes, el anuncio aparece en sintonía con la realidad. El propio Presidente, sobre la reforma, indicó que “vivimos tiempos duros y difíciles. Muchas familias no lo están pasando bien y es necesario reducir las rentas más altas de la administración del Estado para ir con más ayuda a la clase media y la gente que más lo necesita”.
Más allá del gesto, surge la interrogante de por qué esta reforma se hizo ahora y no antes, considerando que las altas remuneraciones, en la mayoría de los cargos que contempla la normativa, llevan muchos años. Aunque han existido voces que lo han planteado en reiteradas ocasiones, e independiente de los motivos, lo cierto es que nunca se ha pasado del debate a la acción concreta, que es lo que la ciudadanía espera de quienes están encargados de legislar.
Aunque hay que esperar a ver qué montos serán los asignados, medidas como ésta contribuyen en el camino por luchar contra la desigualdad en el país. Una ruta que ya se había iniciado con la crisis social de octubre pasado, y es de esperar que esta reforma sea un primer paso de muchos otros que vendrán en pos de lograr un país más justo, solidario y empático.