En estos tiempos de peligrosa propagación de esta pandemia, es necesario que la ciudadanía, salvo las excepciones admitidas en la norma, cumpla con las disposiciones sanitarias.
Asumir con responsabilidad las recomendaciones sanitarias, sin necesidad de medidas coercitivas amparadas en la ley, es lo que se espera de la ciudadanía en esta pandemia global. Desafortunadamente, tal expectativa no se ha cumplido con la seriedad que amerita la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
Todos los días se conocen casos de personas que han faltado a las normas y recomendaciones necesarias para controlar el avance de la pandemia en Chile. Hasta el concepto de “derechos individuales” ha salido a la palestra para justificar tales comportamientos. Ello debido a medidas restrictivas impuestas por la autoridad que afectan libertades básicas, como la libertad de movimiento, derecho de reunión, libertad religiosa, propiedad, derechos laborales, entre otras.
Nadie desea medidas que limiten sus derechos fundamentales, pero el avance de la epidemia ha exigido que se adopten restricciones en la esfera individual para la protección de la salud pública. La mayoría de chilenos y chilenos así lo entiende.
Algunos pocos, sin embargo, resisten y ponen en riesgo a los demás. Y lo más grave es cuando ese comportamiento antisocial tiene su origen en personas que ostentan algún grado de autoridad. Hace algunos días, un obispo realizó un llamado a asistir a misas en Los Ángeles, pese a la resolución sanitaria que suspende las actividades religiosas y las reuniones de más de 50 personas. Una semana antes, un encuentro de religiosos en San Pedro de la Paz impulsó un brote de coronavirus que llevó a que se decretara un cordón sanitario en esa comuna.
En estos tiempos de peligrosa propagación de esta pandemia, es necesario que la ciudadanía, salvo las excepciones admitidas en la norma, cumpla con las disposiciones sanitarias. En el caso de manifestaciones religiosas, incluso el Vaticano optó por realizar misas sin la asistencia de fieles, las que en muchos casos son transmitidas por Internet vía streaming. Muchas parroquias, templos y congregaciones han seguido el ejemplo.
Medidas como estas no solamente protegen la salud y bienestar de quienes profesan una determinada fe. Respetan los derechos y la salud de toda la sociedad. Eso es lo que se espera de toda la comunidad, sin excepciones. Es lo que determina el sentido común. Es lo que obliga la ley.