En 2010, tras el terremoto y posterior tsunami que dejó más de 500 fallecidos y cerca de 2 millones de damnificados, la Fundación Terram advirtió: en menos de un siglo, Chile acumulaba trece grandes sequías, ocho tsunamis, 25 terremotos, 28 erupciones volcánicas y un sinfín de aluviones, incendios forestales y marejadas.

En ese entonces era evidente la vulnerabilidad del país y las cifras presentadas acarreaban la intención de impulsar una respuesta coherente por parte de las autoridades. Respuestas que incluyeran los impactos ambientales de los trágicos eventos del 27 de febrero y que preparasen al país para futuros eventos naturales similares.

Una década después, la Fundación entrega al público un análisis respecto a los aprendizajes para enfrentar eventos naturales en Chile. La conclusión del análisis no deja dudas:

“Han pasado 10 años del terremoto y tsunami del 27/F y podemos decir con certeza que poco hemos avanzado en la elaboración e implementación de políticas públicas a nivel nacional que permitan tener una visión del territorio nacional y sus complejidades”, indica la Fundación.

El informe elaborado reconoce los principales desafíos que todavía se mantienen pendientes y que en más de una década no han sido resueltos.

Entre las vulnerabilidades, se constata que “no se ha desarrollado e implementado un sistema coordinado de respuesta ante la emergencia que involucre desde lo local hasta el nivel central”.

Si bien la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) en estos años ha tenido un rol más protagónico, no ha sido suficiente, puesto que Chile necesita un sistema público confiable y financiado para hacer frente a eventos extremos. Se requiere una institucionalidad pública que tenga la capacidad de coordinar a los servicios públicos sectoriales, que cuente con un presupuesto suficiente para implementar acciones en todo el territorio nacional. Además, claro está, debe contar con personal, equipamiento y presupuesto adicional.

En la agenda de pendientes, también se incluye Ordenamiento y Planificación Territorial, elaboración de mapas de riesgo, gestión ambiental, gestión de escombros y un largo etcétera. Todo un llamado de atención a las autoridades respectivas.