La decisión del Gobierno de modificar la modalidad de concreción de los anhelados corredores de transporte público de la Ruta 160 y la Autopista Concepción-Talcahuano —dejando atrás el modelo de concesiones para traspasarlos a la Dirección de Vialidad del MOP— mantiene la incertidumbre en el Gran Concepción.

Frente a este panorama, la reacción unificada del Gobierno Regional, los municipios, los gremios productivos y la academia marca un camino ineludible: las autoridades locales no pueden bajar los brazos. La próxima visita presidencial (21 de agosto, por ahora) se erige como una nueva oportunidad para gestionar y pedir respuestas contundentes. No basta con compromisos ni con propuestas inconclusas para la conectividad, la seguridad y la calidad de vida de miles de habitantes de comunas como Lota, Talcahuano y todo el territorio metropolitano penquista.

“Nosotros tenemos la convicción como región de que no estamos conformes con la propuesta que hace el Gobierno. Primero, con que no se iba a hacer, y posteriormente con la propuesta que se nos ha planteado de manera inconclusa”, dijo el gobernador Giacaman.

En la misma línea, Eduardo Saavedra, alcalde de Talcahuano, aseguró: “Cualquier alternativa a la que hoy está para la firma (concesión) no le sirve a la Región del Biobío, porque desplazará en unos cuatro años el inicio de operaciones de las rutas”.

Por su parte, el alcalde de Lota, Jaime Vásquez, afirmó que estos proyectos “tienen que ver con la vida de las personas, el riesgo de accidentes y los tiempos de traslado”.

La atención continua ejercida por el Gore y los jefes comunales debe mantenerse firme y coordinada ante el cambio de reglas del juego a mitad de camino. Esto obliga a exigir garantías financieras y operativas inquebrantables. La meta del 2031 no es al azar; representa el límite tolerable para evitar que el colapso del transporte ponga en pausa el desarrollo de la zona.