“Para evitar lo impostergable, no es posible seguir escudándose en hechos de violencia por quienes tienen la obligación de mantener el orden social e institucional”.
El impedimento de la aplicación de la PSU empieza a mostrar consecuencias políticas. En efecto, la interrupción, por medio de la fuerza de tres pruebas, que debieron rendirse entre el lunes y el martes de la semana pasada, no dejó indiferente al gobierno, la oposición y otras instancias gubernamentales, como el Servicio Electoral.
En la oposición, lo ocurrido se observa con preocupación, pues, tal como lo interpreta el abogado constitucionalista Patricio Zapata, los políticos del oficialismo han condicionado su voto en el próximo plebiscito a los hechos de violencia que han ocurrido desde el estallido social.
A su vez, aunque la postura del gobierno también acude a la violencia como un problema que pudiera impedir dar el primer paso de un eventual cambio constitucional. De modo más específico, el director del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, muestra una posición más cauta, al indicar que esta instancia ya se está preparando para anticiparse a eventuales hechos de violencia que busquen entorpecer el plebiscito. Incluso, en un medio digital capitalino, afirma que “las personas se están dando cuenta de que votar es importante, uno puede expresar su opinión, puede ejercer el derecho a reunión, la libertad de expresión y el derecho a petición, pero también cuando elige a sus representantes tiene que estar presente, no puede ser que sigamos con los niveles de participación que se han dado, fundamentalmente, desde que se estableció el voto voluntario”.
La señal enviada por el director del Servicio Electoral se orienta en la dirección acertada. Por una parte, para evitar lo impostergable, no es posible seguir escudándose en hechos de violencia por quienes tienen la obligación de mantener el orden social e institucional y, por otra, lo expresado por Patricio Santamaría presenta la posibilidad de que los problemas sean resueltos por los principales interesados, es decir, los ciudadanos y ciudadanas de este país.
En síntesis, se trata de que la fuerza colectiva busque superar el intento poco democrático de invalidar la aplicación de la PSU y, en un sentido participativo, aunar los esfuerzos de la civilidad por definir el mejor camino que permita rehacer la Carta Magna.