Lo esperable para un país que busca encontrar las salidas más adecuadas a la profunda crisis político-social vivida consiste, precisamente, en dar las señales esperadas por los ciudadanos y ciudadanas.
La Corte Suprema, el día de ayer, estableció una sanción inesperada al aplicar una multa de 20.000 UTM -unos U$ 15.000.000- a la empresa Cmpc y mantuvo la condena por el mismo monto a la empresa sueca SCA Chile -ex Pisa-.
La noticia resulta sorpresiva, toda vez que esta sanción revoca el beneficio de delación compensada otorgada en su momento por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que fue reconocida también por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tdlc). Esto permitió a la empresa de la familia Matte, una de las más ricas del país, eximirse de multas una vez confesada su participación en el cartel y tras haber prestado colaboración en la investigación.
Este resultado judicial, por lo demás, se presenta en momentos en que las manifestaciones del estallido social, que se inició el 18 de octubre en el país, aún se mantienen, como es el caso de las acciones tomadas para impedir la aplicación de la PSU, durante el primer día, en 64 establecimientos destinados para este propósito. Más allá de quiénes son los principales responsables de las acciones delictuales que se han producido en estos casi ya 4 meses, lo cierto es que uno de los focos de saqueos e incendios intencionales se produjo en aquellas empresas que han mostrado prácticas reñidas con la moral y la ley, sean estas farmacias de las cadenas nacionales, empresas aseguradoras, bancos e instituciones financieras, entre otros, algunas de ellas involucradas en otros casos de colusión.
En este contexto, resulta válido preguntarse si esta decisión del máximo tribunal de justicia en Chile tuvo o no en consideración los aspectos más sensibles reclamados por la ciudadanía, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo hemos apreciado cómo la aplicación de la justicia termina condenando a las personas de escasos recursos por delitos menores y beneficiando a los denominados ladrones de cuello y corbata por delitos de alto impacto social.
De cualquier manera, lo esperable para un país que busca encontrar las salidas más adecuadas a la profunda crisis político-social vivida consiste, precisamente, en dar las señales esperadas por los ciudadanos y ciudadanas, es decir, todos los chilenos y chilenas somos iguales ante la ley, de modo independiente a nuestra condición social. Superar “hacer justicia en la medida de lo posible” con el viejo adagio ley pareja no es dura.