La Prueba de Selección Universitaria (PSU) se rendirá este lunes y martes, por primera vez en enero, a consecuencia del estallido social que se inició el 18 de octubre, hace ya casi tres meses.
Justamente en relación con el estallido social, el Presidente Sebastián Piñera afirmó recientemente que lo peor ya había pasado. Tales declaraciones desataron una ola de críticas en distintos sectores de la ciudadanía y el hecho de que la PSU pueda aplicarse o no, a lo largo de todo el país, puede ser observado como una pulseada entre los que piensan que el conflicto transita hacia el establecimiento de la normalidad y aquellos que reclaman que nada se ha resuelto. Las organizaciones que congregan a los estudiantes de enseñanza media, ACES y CONES, representan la segunda posición y sus integrantes defienden que la PSU 2019 no se rinda, hecho inédito desde que se implementó el actual sistema.
Analizando lo ocurrido en los últimos años, estas mismas organizaciones estudiantiles han sido las más críticas respecto de la PSU. Han manifestado reparos, cuestionamientos y propuestas; pero sus demandas, como muchas otras que se han mostrado en el estallido social, no han sido escuchadas. Asimismo, si se considera que la PSU es una prueba declarada como transitoria, camino a la implementación del nuevo Sistema de Ingreso a la Educación Superior (SIES), entonces lo sucedido con los requerimientos de ACES y CONES resultan delicados, por cuanto en ese tránsito, los principales beneficiados o afectados por el sistema de admisión universitaria debieron ser considerados en una nueva modalidad que, según la Ley de Educación Superior, servirá para el proceso de admisión 2021 y posteriores.
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), a través de su Vicepresidente, Aldo Valle, expresó ayer su preocupación: “Respetamos las organizaciones de estudiantes que tienen juicios críticos, pero nuestra responsabilidad es atender a las 297 mil personas inscritas”. Junto con indicar que se han definido todas las medidas de contingencia a fin de brindar garantías a todas y todos los que rindan esta prueba, el representante del Consejo de Rectores muestra dos señales que deberían considerarse: por una parte, que las demandas de los estudiantes secundarios deben ser escuchadas y, por otra, que el establecer garantías para quienes rendirán la PSU “no contempla, en modo alguno, una sobrerreacción de parte nuestra en materia de seguridad, por ejemplo, con la fuerza pública”.
El Consejo de Rectores de Chile (CRUCH) muestra caminos para tener en cuenta cuando se presentan conflictos sociales, de modo que, si se ha de pensar desde principios democráticos, parece razonable tratar de no perjudicar a los cerca de 300 mil jóvenes que deberán rendir la PSU mañana y pasado.