No es lo mismo influir en los poderes del Estado de una forma ilegítima o delictual, mediante cohecho, favores o el tráfico de influencias, que de una manera legítima y dentro de la legalidad.
Puesto que este 2020 será definitivamente un año electoral, es de esperar que salga a la superficie el debate sobre la relación entre dinero y política. No es materia nueva, de hecho, es tema recurrente desde que hace algunos años se planteó la necesidad de tramitar una ley que regulara el asunto, como también para establecer reglas respecto al lobby en la esfera política.
El lobby, entendido como la defensa de intereses, estuvo en pauta durante la tramitación de la Ley de Fármacos y se atribuyó el rechazo a la venta de medicamentos en supermercados al lobby que habrían desplegado las partes interesadas.
Es imperioso que esta discusión sea acogida por la ciudadanía y no esté circunscrita al mundo político. Cómo aumentar la transparencia en el actuar de las autoridades públicas debe ser un asunto transversal en la sociedad. De lo contrario, se corre el riesgo de que opiniones poco esclarecidas confundan a la ciudadanía, en el sentido de castigar a los lobbistas por las “oscuras influencias” que puedan ejercer sobre el proceso de toma de decisiones públicas.
Obviamente que la forma en la que se busca ejercer esta influencia es clave. No es lo mismo influir en los poderes del Estado de una forma ilegítima o delictual, mediante cohecho, favores o el tráfico de influencias, que de una manera legítima y dentro de la legalidad. En efecto, el lobby en ningún caso puede manifestarse en forma ilegítima, puesto que se estaría en otro plano, el delictual, que debe ser sancionado por la legislación.
Pero el lobby, en sí, no es más que una actividad que realiza una persona, un grupo, un sindicato que, representando determinados intereses (económicos, políticos, religiosos, sociales, etc.), buscan influir sobre las decisiones de la autoridad pública. En palabras simples, los lobbistas procuran influenciar en la aprobación o rechazo de determinadas políticas o regulaciones.
Sin embargo, la manera en que se ha abordado el lobby así como el del financiamiento de la política, es el resultado de la coyuntura que se generó tras conocerse algunas irregularidades al respecto, como el caso MOP-Gate, sólo por mencionar un ejemplo de los más conocidos. El dinero entregado por lobbistas para convencer a alguien a votar a favor o en contra de alguna materia trasciende los límites de lo que aquí se plantea.
Siempre existirá la demanda por influencia sobre el Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial, en tanto, instrumentos de regulación y distribución de derechos. En la sociedad coexisten distintos grupos de interés, que compiten entre sí para que la sociedad considere sus planteamientos como buenos para el interés general. Claro está que la regulación del lobby no puede legitimar los aspectos delictuales envueltos en el tráfico de influencias.
Finalmente, lo que importa es la transparencia en la presentación de opiniones y el ejercicio de legítimas influencias ante el sistema legislativo o administrativo público. Transparentar aún más las audiencias públicas de las autoridades, funcionarios públicos, parlamentarios, además, un registro de los que hacen lobby es de suma urgencia en un año que se avizora complejo.