La movilización social de las últimas semanas ha llevado a las calles la demanda de las personas que han sido privadas de la posibilidad de tener viviendas dignas, con los atributos de entorno que les permitan mejorar su calidad de vida.
Según las conclusiones del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, la política habitacional chilena está mostrando claros signos de agotamiento: los hogares allegados y los asentamientos informales han aumentado, el déficit habitacional ha subido, por distintas razones, en ocho de las actuales 15 regiones, hay muchos habitantes “con subsidio y sin vivienda”, por la resistencia a ser relegado a la periferia lejana.
El tema de la segregación urbana, el cese del modelo de ciudades inequitativas, está con toda propiedad en el escenario de los grandes asuntos pendientes, por estar asociada al aumento de la desigualdad. Para urbanistas y sociólogos la proliferación de viviendas sociales en la periferia o en zonas de riesgo, incide negativamente en la calidad de vida y en la configuración de los barrios.
Esa realidad ha sido documentada en el último estudio sobre Índice de Calidad de Vida Urbana, que considera indicadores relacionados con hogares, áreas verdes, salud, educación, trabajo y conectividad, presentado por la Cámara Chilena de la Construcción. La conclusión no tiene nada de sorprendente, las comunas con mejor calidad de vida son aquellas con mayores ingresos per cápita, al contrario de aquellas más pobres, carentes de recursos y con municipios con muy limitado financiamiento, patrones de desigualdad que confirman una notoria estratificación y segregación dentro de las comunas chilenas.
En una declaración a un medio de circulación nacional, la vocera del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, Marlen Aria, lamenta que la instalación de las familias en la periferia, en vez de solucionar el problema ha significado un perjuicio: “Tenemos gente aislada en zonas de la periferia de Talca, Constitución y Bío Bío, totalmente abandonadas, porque si bien sus viviendas se reconstruyeron, ha sido solamente eso. Todo lo que conlleva la parte urbanística y la planificación de la ciudad en esos sectores aún no se realiza”.
El arquitecto Ricardo Tapia, académico del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, en una publicación de esa universidad, se refiere a lo sucedido en este ámbito a lo largo de las últimas décadas de la historia nacional: “Con la dictadura militar se instala una forma de ocupación de la ciudad y políticas que no fueron equitativas en cuanto a la calidad de vida para los habitantes, lo que favorecía fundamentalmente el accionar del mercado y del sector privado”. En contraste con anteriores políticas del Estado chileno, que buscó instalar conjuntos residenciales integrados plenamente a la ciudad, como podría ser la Remodelación Paicaví, con todos los servicios y las conexiones de transporte, además de cercanía a escuelas y grandes áreas verdes.
En una publicación de Revista Eure, de diciembre 2008, se describe la segregación de las viviendas como estigmas territoriales, no sólo fuente de desventajas, sino al mismo tiempo “instrumentos de diferenciación social y, sobre todo, expresión de una violencia simbólica que reproduce y consolida las relaciones de poder y las desigualdades de la estructura social”.
La movilización social de las últimas semanas ha llevado a las calles la demanda de las personas que han sido privadas de la posibilidad de tener viviendas dignas, con los atributos de entorno que les permitan mejorar su calidad de vida. Bien puede el Estado actuar como agente facilitador de esa postergada necesidad básica.