En la consulta ciudadana que se lleva a cabo el día de hoy, se puede verificar el compromiso de una ciudadanía que está siendo interpelada, cuya opinión se espera recoger, en una instancia histórica que anticipa el proceso de cambio de nuestra Carta Magna.
La democracia se ha descrito como el derecho a manifestar opinión en la asamblea de ciudadanos, de elegir y ser elegido, por lo tanto, el derecho de ejercer el poder soberano por medio de sus instituciones. En este escenario, cualquier gobierno debe asegurar el bienestar y la dignidad de los ciudadanos, aun cuando estos sean plebeyos o pobres. Estas ideas no son nuevas, de hecho pertenecen al primer escrito, en lengua ática, de Pseudo Jenofonte, del año 420 a. C., en Atenas.
A pesar de esa declaración, la democracia aludida entonces era restringida a una parte menor de los habitantes de Atenas. En efecto, solo se consideraban ciudadanos los hijos de padre y madre ateniense y quedaba prohibida la participación de las mujeres, los esclavos y los extranjeros, es decir, de aproximadamente 200 mil habitantes, solamente 38 mil eran ciudadanos. La conquista de la democracia, como la conocemos, constituye el producto de una evolución no siempre pacífica y su estabilidad, por los factores de la diversidad de los integrantes de la sociedad, siempre en riesgo.
El gobierno del pueblo, como su nombre lo indica, es solo posible con un profundo y transversal respeto a las reglas del juego, con una aceptación incuestionada de la esencial igualdad del ser humano ante el derecho. Por eso, es y seguirá siendo una construcción vulnerable, porque ambos requisitos van en sentido contrario al instinto de las personas en estado natural, por lo general, personalista a la hora de fijar las reglas y convencido de ser diferente y posiblemente superior al otro.
En un editorial de este medio, publicada en marzo de 2016, se expresaba el riesgo de perder fe en la democracia y su consecuente desvalorización al observar que los gobiernos no parecían capaces de resolver las demandas por igualdad, puesto que para un sector creciente de los ciudadanos y ciudadanas la economía es importante, pero no es suficiente. Ciertamente, también se requiere igualdad de derechos políticos y sociales que garantice estabilidad de cualquier sistema democrático.
Chile muestra uno de los apoyos más altos a la democracia en la región; sin embargo, es el país que más ha perdido en cantidad de participación electoral en los 20 años de mediciones, expresado lo anterior en 34%, según Latinbarómetro. La separación de la clase política, evidenciada por la poca convocatoria electoral, delata la indiferencia y la desconfianza; en la base, indicadores de la insatisfacción y la indignación, debido al actuar de muchos de los responsables políticos cuyo propósito, paradojalmente, busca convencer a la mayoría ciudadana con sus ideas.
Con lentitud, pero irreversiblemente, la toma de conciencia ciudadana sobre los problemas irresueltos de la sociedad chilena ha cambiado los protagonismos. La así llamada voz de la calle, vox populi, ha terminado por instalar una dinámica de participación y compromiso; con ello, hoy se muestra una democracia vigorosa y activa necesaria para movilizar los recursos humanos y materiales del país en la construcción de una patria mejor.
Es en este contexto que debe entenderse la iniciativa de la Asociación Regional de Municipalidades que pretende llevar a buen término la consulta ciudadana que se realiza el día de hoy, como también está ocurriendo en el resto del país. Se trata de participar, de verificar el compromiso de una ciudadanía que está siendo consultada, cuya opinión se busca recoger, en una instancia histórica que anticipa el proceso de cambio de nuestra Carta Magna, la cual se espera refleje las aspiraciones de todos y todas los y las integrantes de nuestro país.
La consulta que se desarrolla hoy día puede ser un indicador de nuestra madurez cívica en un proceso de recuperación de dignidad, con las herramientas que nos otorga la democracia.