Nuestro país ha mostrado sus notables cifras en la reducción de la pobreza, se ha centrado el debate en la desigualdad en la brecha de ingresos, postergando otros aspectos de la desigualdad que revisten la misma importancia.
Después de semanas de marchas, miles de horas invertidas por otros tantos actores de la política, el empresariado, los medios y todos los colectivos de la sociedad chilena, resulta difícil reunir una lista completa de las demandas colocadas sobre la mesa y, más aún, establecer sus prioridades. La gran cantidad de requerimientos que necesitan enfrentarse, algunos con posibilidades de resolverlos en plazos acotados y otros tantos que implican recursos para concretarlos, constituyen una realidad difícil de evaluar en su totalidad y permanecen en espera de respuestas por parte del gobierno que permitan a la ciudadanía percibir que todo esta enorme dinámica tiene sentido y proyección.
De todas formas, lo concreto es que la sociedad chilena ha dejado expuesta sus grietas y ha puesto en evidencia las diferencias intolerables entre los que tienen y los que no, y también otras circunstancias que debilitan la democracia, como la evidente crisis de representatividad, el reclamo de sectores que no participan en la vida ciudadana y la crisis del estado de derecho, en un país con una profunda alteración de su funcionamiento e indicios de ingobernabilidad.
Los problemas que por décadas fueron parte de nuestro modo de vivir dejaron de soportarse y en pocos días mostraron que se había llegado a un punto de saturación. Sobre los factores que determinaron que este punto se alcanzara, se han presentado tantas propuestas como razones para que la gente saliera a la calle; pero, en el fondo, existe también la posibilidad de que se deba a la percepción de decadencia moral, es decir, el rompimiento del paradigma del intachable proceder de nuestra clase dirigente, con frecuentes casos de malas prácticas y corrupción, más el agravante de la impunidad con que regularmente se resolvieron estos problemas.
Por otra parte, se debe considerar el traumático efecto de la desigualdad. En efecto, una consultora del Banco Mundial, en una publicación reciente, indica que “la desigualdad elevada y persistente no sólo es moralmente incorrecta, sino también un síntoma de una sociedad fracturada”. Señala, al mismo tiempo, sus inevitables consecuencias, esto es la pobreza generalizada, la limitación del crecimiento y la aparición de conflictos sociales.
Nuestro país ha mostrado, con una cuota apreciable de autocomplacencia, sus notables cifras en la reducción de la pobreza; pero desatendiendo otros aspectos que conlleva dejar de ser pobre, como la desigualdad en la brecha de ingresos. Junto con lo anterior, se encuentran muchas de las razones para la protesta ciudadana como la desigualdad de oportunidades, de alto costo y graves implicaciones. Ello, por ejemplo, significa que los niños parten con una desventaja desde su nacimiento y que la limitación prolongada restringe la movilidad económica, perpetúa la pobreza de una generación a otra y produce que la movilidad social sea una promesa siempre incumplida para muchos jóvenes chilenos, a lo cual se agrega la exclusión, tanto real como percibida.
En la publicación aludida, se indican las eventuales salidas para la superar la desigualdad: una combinación adecuada de políticas acertadas, buena gestión del gobierno e instituciones eficientes, proactivo liderazgo para conseguir paz social expectante, programa explícito para avanzar en las demandas de modo transparente, ordenado y confiable, que haga evidente la voluntad comprometida de avanzar hacia un mejor país. Todo lo anterior es justamente lo que se requiere en momentos históricos como los que estamos viviendo.