Sin embargo, el acuerdo alcanzado, el cumplimiento de la idea de paz, de justicia y el compromiso de trabajar en la creación de una nueva Carta Magna, descrita como la casa de todos, exige honestidad y sinceridad de las partes.
El Ejecutivo trata de recuperar su protagonismo después de duras críticas por el manejo de la crisis política y social al transcurrir un mes desde su inicio, sobre todo a partir de su penúltimo mensaje, en el que dejó una impresión de reacción improvisada. Sin embargo, en el mensaje del domingo recién pasado, rescata la necesidad de avanzar en su propuesta de tres acuerdos, es decir, por la paz, por la justicia y por una nueva Constitución.
Para el gobierno debe ser evidente que la mención a un Chile cambiado puede que no sea solamente teórica, que existe la posibilidad objetiva de que la ciudadanía pueda, aun sin recurrir a medidas extremas, impactar con mucha fuerza en la fisiología de la política y en el funcionamiento de las instituciones.
El nuevo mensaje se hace cargo de la necesidad de bajar la agresividad demostrada con diversos grados de fuerza por colectivos sociales de muchos y diferentes ámbitos, con daño considerable al patrimonio nacional, a empresas grandes y pequeñas, al comercio y a particulares. Dado que finalmente se accede a la demanda central del movimiento, si se hubiese actuado con celeridad, habría menos hechos que lamentar, producidos desde la protesta ciudadana y de la acción de las fuerzas encargadas de garantizar el orden público.
Por primera vez, el Primer Mandatario, al mismo tiempo en que pide una condena decisiva a la violencia, hace lo propio en relación con los abusos cometidos por la policía durante las manifestaciones a todo lo largo del país y expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas, prometiendo que “no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron atropellos y abusos”.
Como una consecuencia del acuerdo logrado por los dirigentes políticos de casi todo el espectro ideológico, de efecto casi inmediato, se observó un aparente y posiblemente inestable cese de hostilidades, lo cual habla bien de la capacidad de actuar de la buena política, aquella que es capaz de pasar por sobre sus intereses particulares para hacer concesiones, teniendo en vista el bien superior del país y, por otro lado, la existencia de una sociedad capaz de recibir ese mensaje de modo positivo.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado, el cumplimiento de la idea de paz, de justicia y el compromiso de trabajar en la creación de una nueva Carta Magna, descrita como la casa de todos, exige honestidad y sinceridad de las partes. Ello porque existe la posibilidad de que, ante este cambio de escenario, de una calma de paz social un tanto tensa y expectante, conseguida con el convincente anuncio de un proceso constituyente, las elites, tanto políticas como económicas, se sientan menos amenazadas y pierdan progresivamente el sentido de urgencia, la predisposición a dialogar y aparezca cierta amnesia en relación con sus ofrecimientos y las expresiones de buena voluntad realizadas cuando la pradera estaba encendida.
En este punto de nuestra historia, un verdadero punto de inflexión para la sociedad chilena, si los compromisos se cumplen como corresponden, es indispensable tener la verdad por delante, caminar resueltamente tras el cumplimiento de la promesa que permitió abrir una pausa de tranquilidad que se espera no sea solamente una tregua. Se requiere, entonces, avanzar hacia un nuevo pacto social que exprese un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Estado respecto del modelo de producción y protección social que necesita el país, en el marco de una nueva Constitución que represente a todas y a todos los ciudadanos de Chile.