El Estado de Derecho está incorporado en la Carta de la ONU y es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia.
Ante el actual escenario de masivas protestas ciudadanas, para una gran mayoría de los ciudadanos, resulta evidente que hubo una falta generalizada de atención a los signos que se fueron acumulando por décadas. Quienes auténticamente no los vieron venir tienen, al menos, la excusa de la ceguera; pero los que ahora explican que esa situación era evidente tienen sobre ellos el peso de la compartida culpa al no haber resuelto nada, máxime de aquellos que están a cargo de reaccionar como es debido y que tuvieron la posibilidad de actuar proactivamente a tiempo.
Por eso, las protestas son contra la clase empresarial, pero también contra la clase política. Así se desprende de las palabras del recién designado Ministro de Hacienda quien, en cuanto a las demandas sociales, extiende las responsabilidades indicando: “hay una demanda social importante, una sensación de hastío, de desgano, de descontento con la clase dirigente en un sentido general, no lo concentremos solamente con la élite económica, tiene mucho que ver con la élite política”.
Con todo, la mayoría de los chilenos y chilenas quiere los cambios por la vía de la paz, con respeto al Estado de derecho, una condición que bien vale la pena esclarecer, pues para muchos de nuestros connacionales estos conceptos pueden resultar hasta cierto punto oscuros, a pesar de que nuestro país se rige bajo esos postulados.
Es preciso, entonces, recordar que el Estado de derecho está formado por el propio Estado, como forma de organización política, y por el derecho, como el conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de la sociedad, es decir, por la Constitución y las leyes, respectivamente. A su vez, el concepto de Estado de derecho está incorporado en la Carta de las Naciones Unidas. Según el Secretario General de la organización, “es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia”.
En un país democrático, están las instancias para someter a revisión ese marco, es decir, la Constitución y las leyes, como ha ocurrido históricamente, para adecuarlos a la evolución de las sociedades, con el resguardo de respetar los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal, según lo expresa el Informe del Secretario General de las ONU, en un documento que versa sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos.
Las manifestaciones multitudinarias volcadas a las calles de nuestro país han logrado incluir en la agenda política la necesidad de recoger formalmente la opinión ciudadana. Y la ciudadanía reclama también que pueda tener participación, a fin de resguardar sus derechos y beneficios. Un paso en esa dirección, aunque por ahora en una sola dirección, es la reciente aprobación, por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, de proyectos de reforma para iniciar un proceso constituyente, entre los cuales está el de modificar el capítulo XV de la Constitución actual, que se relaciona con los plebiscitos y la eventual realización de una asamblea constituyente.
Es de esperar que, en los siguientes días, quienes tienen la responsabilidad de dirigir nuestro país, sea el poder del gobierno y/o el poder parlamentario, puedan acoger iniciativas que recojan los intereses de las personas comunes y corrientes, integrándolos de alguna forma en los procesos de diálogo que, con seguridad, se producirán para realizar los cambios que se necesitan con urgencia y alcanzar así un acuerdo social que garantice no repetir nuevamente la convulsionada historia que nos ha tocado observar durante las últimas tres semanas.
Los hechos se muestran con demasiada nitidez como para no seguir viéndolos o como para seguir observándolos sin actuar en consecuencia. Es el momento de comenzar a resolver, de una buena vez, los problemas que enfrenta el país.