El gasto público en salud representa el 3,5% del presupuesto nacional, inversión que está muy por debajo de las recomendaciones de un 6%, de la Organización Mundial de la Salud.
El derecho a la salud es un frente donde es posible observar una de las más notorias brechas de inequidad en la sociedad chilena. Esta situación, por si sola y dado el impacto que este derecho tiene para la calidad de la vida de las personas, transversalmente, habría bastado para levantar fuertes protestas y, en parte, así ha sido, sólo que parcialmente, con los directamente involucrados.
Se ha hecho numerosas tratativas de solución que han resultado en mejoras parciales y transitorias, que en plazos breves dejan de ser suficientes, una suerte de rutina instalada, que permite suponer que los periódicos paros y huelgas en ese sector son predecibles, como así mismo la aplicación de medidas para salvar las circunstancias del momento.
La advertencia de Einstein de la imposibilidad de buscar otros resultados haciendo siempre lo mismo, cobra plena validez y resulta, por tanto, difícil de comprender por qué no ha habido la voluntad política de corregir un sistema que a todas luces consagra la existencia de un sistema de salud que discrimina profundamente a los chilenos. Los argumentos, las cifras que permiten definir esta situación, son irrefutables, además de conocidos por largo tiempo, sin que toda esta evidencia haya logrado impulsar las necesarias transformaciones.
El derecho a la salud no está garantizado en la Constitución, sino en términos generales, al declarar que el Estado está al servicio de la persona humana, cuyo significado práctico es que, según la situación socieconómica de los chilenos, estos pueden optar por sistemas privados y públicos de salud, Isapre o Fonasa, entre los cuales hay diferencias abismales.
El gasto público en salud representa el 3,5% del presupuesto nacional, inversión que está muy por debajo de las recomendaciones de un 6%, de la Organización Mundial de la Salud. El resultado de la política de salud impuesta en nuestro país, es que sólo el 19% de la población tiene Isapre, mientras pueda pagar las cotizaciones, que se hacen cada vez más onerosas con la edad de las personas, hasta hacerlas insostenibles, justo en la edad cuando la cobertura es más necesaria, un sistema diseñado, entonces, para la mayor rentabilidad, con muy escasa sensibilidad social.
Aún otro componente añade dificultades y barreras a la gente; el precio de los medicamentos, una situación entrelazada con la industria y las cadenas de distribución. Un asunto pendiente que mediante una serie de medidas parciales se ha mantenido básicamente sin alterar. Por su parte, las farmacias, el punto de contacto con las personas, obedecen a una política de rentabilidad, por sobre otra consideración, acumuladas en los lugares de mayor flujo comercial, inexistentes en la periferia de las ciudades y con un sistema de turnos absolutamente insuficiente.
El sistema público de salud es igualmente deficitario para responder a la demanda de las patologías existentes; servicios sobrepasados, largas listas de espera, o con limitados recursos para responder a demandas urgentes, como la salud dental, problemas psiquiátricos, o la salud de una población envejecida.
Todos estos problemas han sido expuestos una y otra vez, las respuestas del Gobierno han sido superficiales e ineficaces. En la última línea, todavía en nuestro país vivir sano, o vivir, está estrictamente asociado a los recursos de cada chileno, ya que no es un derecho garantizado, como debiera ser.