La institucionalidad chilena tiene que ser capaz de garantizar la justicia a cualquier ciudadana y ciudadano, en el marco de la ley; pero esta iniciativa, como la de otras instituciones de acción social, constituye un aporte importante para asegurar el respeto a los derechos de las personas en tiempos de conflicto.
Nuestra región ha enfrentado situaciones críticas innumerables veces. Parece estar en la línea de su destino que el cambio no haya sido precedido por una conmoción de magnitud variable, poniendo a prueba la capacidad de la ciudadanía y sus autoridades para resolver las consecuencias de los fenómenos que han dañado la institucionalidad. La mayoría de las veces han sido movimientos sísmicos de enorme magnitud; otras, movimientos de conmoción social, tan intensos como los vividos en el país y en Concepción durante los últimos días.
Como obedecen a procesos concretos y algo predecibles, la ciudadanía ha aprendido, por acumulación de experiencia, a reaccionar frente a los primeros. Diferente es con los segundos, pues las consecuencias de los movimientos sociales a causa de su intensidad, modalidades de expresión y resultados, prácticamente impredecibles.
Sin embargo, en este último caso, hay externalidades que sí pueden ser enfrentadas con la asesoría que corresponda, como ocurre cuando se decreta un estado de emergencia, tal como sucedió con el terremoto de febrero de 2010, oportunidad en la cual se reportaron numerosos saqueos a supermercados y tiendas, especialmente en nuestra ciudad, y hubo que decretar toque de queda, en un principio, de 18 horas diarias, entre las 18:00 y las 12:00 horas.
Ha transcurrido poco más de una semana desde que el Presidente decretara el primer estado de excepción constitucional, una facultad que la Constitución le entrega al Mandatario en su artículo 42. A esa medida se agregó, con posterioridad, el toque de queda, en la mayoría de las regiones con Estado de Emergencia, lo cual restringió severamente las libertades de las personas, a tal grado que si una persona no respeta el toque de queda y es sorprendida circulando por la vía pública o realizando una acción constitutiva de delito, arriesga, sin más, ser detenida.
Todavía es muy pronto para realizar un juicio de valor respecto de la pertinencia de haber invocado el artículo mencionado, considerando que la historia se tarda un tiempo en aquilatar adecuadamente las causas y las consecuencias de la aplicación de una medida extrema.
De modo más particular, a propósito del estado de excepción, en una oportuna y necesaria reacción, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Administrativas, de la Universidad de Concepción, creó una “Oficina de apoyo ciudadano”, asumiendo activamente, como expresa la comunicación, su responsabilidad ante la comunidad regional y nacional, en el marco de la misión de la Universidad que la impulsa a hacerse cargo de la vinculación social que corresponde a una institución de vocación pública. A esta instancia, puede recurrir cualquier ciudadano o ciudadana que sienta que se han vulnerados sus derechos, o si requiere asesoría en cuanto a qué acciones seguir en el caso de haber sido privado de libertad, entre otras situaciones posibles que sucedan durante un estado de emergencia.
La institucionalidad chilena tiene que ser capaz de garantizar la justicia a cualquier ciudadana y ciudadano, en el marco de la ley; pero esta iniciativa, como la de otras instituciones de acción social, constituye un aporte importante para asegurar el respeto a los derechos de las personas en tiempos de conflicto, máxime si empiezan a conocerse situaciones en las que habrían ocurrido violaciones a los derechos humanos, a tal punto que Amnistía Internacional enviará, en los próximos días, una misión investigadora a Chile por eventuales violaciones a los DDHH ocurridas en el país en los últimos días.