Estamos en la coyuntura de construir un nuevo contrato social, que asegure a los chilenos que efectivamente caminan por la misma ruta, que existe en realidad una posibilidad de disminuir las actuales y abismales brechas de la sociedad chilena.
Tiene que haber un predominio de la paz. En un país como el nuestro, hay instancias suficientes para restablecer la normalidad, pero para que esa condición se establezca, es necesario un liderazgo positivo y consistente, no confundir el vandalismo, la herramienta de siempre de quienes suelen operar al margen de la ley, con las aspiraciones legítimas de una mayoría que, pacíficamente, pide una respuesta de las autoridades para que reestudie sus prioridades.
Es evidente que el programa del gobierno no cumple con lo que la ciudadanía espera, es posible que las metas sean las correctas, pero no se han considerado los tiempos y la gradualidad que se requiere para que no haya un costo social inaceptable. Se ha insistido en el desarrollo y el aumento de la producción como condición inseparable del progreso, pero, aunque en teoría fuera de esa manera, al no graduar este proceso, millones de chilenos no llegan a percibir en sus vidas cotidianas el producto de sus esfuerzos y sacrificios, que parece quedar siempre en otras manos.
Es esa la situación que subyace en la fuerza de la convocatoria, aunque anónima y sin objetivos específicos, un malestar común que cada participante podría definir de diferente modo como la razón para sumarse. No se puede perder de vista, la legitimidad de estas manifestaciones, ya que si no lo fuera, es muy difícil que en un plazo tan breve haya habido una respuesta de la ciudadanía de tal magnitud, como la observada en nuestra ciudad el día de ayer.
El Ejecutivo ha convocado a los representantes de la política para buscar un gran acuerdo nacional para restablecer la tranquilidad, una instancia que pondrá a prueba justamente la capacidad de estos líderes para encontrar rutas hacia el bien común, por sobre sus particulares intereses ideológicos, se someterá a prueba la sinceridad de las convicciones y la coherencia de sus propuestas, del mismo modo como su auténtica vocación de servicio público.
Se han escuchado las declaraciones de los actores de la política reconociendo sus propias culpas en la generación de este conflicto, que permaneció por mucho tiempo en estado de incubación, no haber sido capaces de interpretar los sentimientos de la gente y actuar más bien en función de defender las líneas del oficialismo o la permanente denuncia como oposición, referirse de modo más bien retórico a la inaceptable desigualdad. Según la Cepal, el 50% de los hogares de menores ingresos tiene 2,1% de la riqueza neta del país, mientras el 10% concentraba un 66,5% y el 1% más acaudalado, el 26,5% del total, o como la diferencia entre el salario medio, de algo más de 500 mil pesos del trabajador chileno y los nueve millones de los altos empleados del servicio público.
Ha llegado el momento de los grandes acuerdos, por difícil que parezca hacerlo ante la inexistencia de un interlocutor identificable y de una causa definida con precisión. Sin embargo, se requiere crear un espacio para hacer llegar las voces de la calle, los que se marginen por razones políticas están confundiendo ésta con el bien mayor de todo el país.
Estamos en la coyuntura de construir un nuevo contrato social, que asegure a los chilenos que efectivamente caminan por la misma ruta, que existe en realidad una posibilidad de disminuir las actuales y abismales brechas de la sociedad chilena.