El gobierno y la clase política tienen la obligación de hacerse cargo de quienes se han visto desplazados del progreso, de los que se sienten abandonados por el pacto social.
La ciudadanía continúa volcándose a las calles, a pesar del llamado de las autoridades nacionales y regionales en orden a reestablecer una supuesta normalidad que resulta imposible si se considera cómo la masividad aumenta de la misma forma cómo aumenta también el número de ciudades en estado de emergencia, varias de ellas anticipando la hora en que entre en vigencia el toque de queda impuesto, situación que nos retrotrae a difíciles años vividos hace más de tres décadas atrás.
Ciertamente, en este contexto, es deber del Estado preservar la paz y proteger la seguridad de la ciudadanía sin perder de vista auscultar las causas que han provocado este verdadero estallido social, sin referencias en los últimos años de democracia en Chile. Se trata de reconocer, mediante el análisis serio de todos los antecedentes de los que se dispone, respecto de qué ha sido aquello que, en brevísimo tiempo, ha producido esta marea ciudadana que excede, sin duda, el origen de las manifestaciones en el aumento del pasaje del metro en $30, en la ciudad de Santiago.
La situación descrita pide ser enfrentada de manera urgente, pero también de forma tranquila, pausada y con el rigor que requiere resolver problemáticas que, a todas luces, son graves y que pueden profundizarse en los siguientes días. Se debe, en consecuencia, determinar los motivos de fondo que han provocado esta crisis institucional en todo el país.
Se ha expresado la insatisfacción del ciudadano de a pie, que ha venido acumulando frustraciones en diversos aspectos que afectan su vida; que ha observado sistemáticamente cómo la justicia no es la misma para todos; que percibe la existencia de corrupción descubierta y cuantificada sin que esta haya sido ejemplarmente castigada en sus responsables; que hay asimetrías insoportables en la calidad de la educación para los niños y los jóvenes de Chile; que la salud no tiene igual trato ni consideración entre ricos y pobres; que las remuneraciones no cubren el costo de la vida y los sistemas de pensiones son miserables; en síntesis, las personas comunes y corrientes, las mismas que por cientos de miles protestan en estos días, comprueban diariamente por qué nuestro país sobresale entre los más inequitativos del mundo.
Se añade a lo anterior la desilusión de una clase media que creyó en la posibilidad de tener estabilidad e igualdad de oportunidades para sus hijos e hijas y aprecia cómo los jóvenes profesionales tienen, desde la cuna, un sendero desigual; situaciones que no fueron atendidas por la clase política, la que, desde una condición de privilegios, optó por no solucionar a tiempo los problemas que hoy estallan. Se ha dicho que cuando un país no prospera, cuando los horizontes en común se diluyen, cuando la clase dirigente se jacta de su impunidad, cuando el pacto social se rompe desde arriba, el pueblo deja de ser dócil.
Considerando todo lo anterior, el gobierno y la clase política tienen la obligación de hacerse cargo de quienes se han visto desplazados del progreso, de los que se sienten abandonados por el pacto social. Es el momento de poner atención, sin soberbia, a las señales de las personas, no subestimarlas como si fuera un ruido de la calle, sino tomar conciencia de cuánto de verdad se manifiesta en las expresiones de descontento generalizado. Escuchar las demandas ciudadanas a tiempo y traducirlas en políticas públicas efectivas que beneficien a la mayoría de los ciudadanas y ciudadanos chilenos puede ser la solución que evite consecuencias insospechadas para Chile y las personas que habitan este país.