Ciudades para todos los que las habitan, amables y aptas para personas diferentes, porque son niños y jóvenes, porque son de la edad mayor con necesidades particulares, como el descansar en áreas verdes o tener un espacio para jugar. Sentir que viven en una ciudad amable y acogedora.
Un connotado arquitecto nacional, mirando desde Europa la dinámica actual de las construcciones habitacionales, hace una comparación de óptica primer mundista, observa que allá, también, después de largos años de preservación de un determinado perfil de construcciones, al mismo tiempo habitacionales y parte del patrimonio cultural de las ciudades, estas últimas estaban siendo invadidas por grandes proyectos inmobiliarios de estética anónima, sin originalidad, copia de miles de otras estructuras de similar aspecto, repetido y abrumador, alude así al regreso de la barbarie.
Sin embargo, hay otras expresiones de barbarie urbana, entendiendo como tal la incapacidad o la indiferencia para hacer ciudades para todos los que las habitan, hacerlas más amables y aptas para el uso de personas diferentes, porque son niños y jóvenes, por ejemplo, o porque son de la edad mayor con necesidades particulares, como el descansar en áreas verdes o sentarse en un parque o tener un espacio para jugar. Sentir que viven en una ciudad amable y acogedora.
Así ocurre igualmente con personas discapacitadas, que observan cómo los núcleos urbanos les presentan barreras insalvables. A casi un año de haber entrado en vigencia la Ley de Acceso Universal, todavía hay muchos lugares donde se advierte incumplimiento de esta norma, que obliga a los edificios de uso público, construidos entre 1994 y 2016, a realizar las modificaciones que corresponda para permitir el libre desplazamiento de personas con discapacidad.
Las fundaciones e instituciones involucradas con este segmento de la población atribuyen este estado de cosas al incumplimiento y dificultades para fiscalizar, en el fondo, indiferencia, falta de preocupación real, ausencia de empatía, ya que en no todos los casos estas modificaciones implica costos insalvables. Para el director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados, se trata de una falta de voluntad de parte de los dueños de los edificios, así como una falta de entrenamiento y de recursos humanos de parte de las direcciones de obras municipales que deben fiscalizar las construcciones.
Se trata en realidad de ir un poco más allá de las apariencias. Por ejemplo, existen adecuaciones y rampas en la entrada, pero puertas hacia adentro no hay accesibilidad para los ascensores, los baños o para algunas salas o dependencias. Los integrantes de la Fundación han realizado su propia fiscalización para luego poder hacer las denuncias correspondientes, han verificado también que no existe reconocimiento cabal del problema, ni la capacidad técnica para garantizar que los objetivos de la ley tengan adecuado cumplimiento.
En nuestra región, según los datos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social y Senadis, en el último Estudio Nacional de la Discapacidad, un 22,4% de la población adulta se encuentra en situación de discapacidad. Un periodista de este medio, hace algunos años, utilizó para desplazarse por el centro de la ciudad, una silla de ruedas, para experimentar en carne propia las eventualidades. Podría ser adecuado que esa prueba fuera realizada por las autoridades responsables, o por cualquier otro interesado, es muy posible que de esa manera se crezca en empatía con personas discapacitadas, que tienen igual derechos a usar la ciudad sin impedimentos.