No es una situación alentadora, salvo el hecho que ahora es posible esperar que nadie esté por encima de la ley, que las irregularidades y las malas prácticas están siendo cada vez más difíciles de ocultar, que nadie está libre de ser sorprendido y sancionado.
Parece haber llegado el momento de levantar la alfombra, hasta la fecha esto ha ocurrido solo en algunos ángulos, pero el resultado está siendo lo suficientemente grave como para dejar establecida una duda legítima sobre la calidad y decencia de una buena parte de los conductores de nuestro país, las figuras que identifican a nuestra sociedad y que de algún modo, son los que representan nuestro perfil nacional.
En parte puede ser el resultado del mejor acceso a la información, las redes sociales utilizadas responsablemente o el desarrollo cada vez más notorio del concepto de transparencia, que, en conjunto, han disminuido los sectores que por décadas estuvieron escondidos y al alcance de determinadas instancias, no todas con intenciones constructivas.
No es necesario volver sobre la noticia, desafortunadamente todavía en desarrollo, de las conductas reprobables de miembros de la iglesia, fuerzas armadas y algunos altos ejecutivos del empresariado, pero si es indispensable evaluar el impacto de algunos aconteceres últimos, como el descubrimiento de malas prácticas con efecto retroactivo, la revisión de los protagonistas de la historia para obligar a reescribirla.
El caso más impactante, en este orden de asuntos, ha sido la revisión de un reconocimiento a un connotado educador chileno, el Premio Nacional de Educación 1995, Hugo Montes Brunnet, de quien se ha conocido conductas de tal gravedad y especialmente contrarias a la misión docente, que de haberse sabido habría impedido en su momento que el jurado le otorgara ese premio. De modo parecido había ocurrido con el todavía más notorio caso del sacerdote Renato Poblete, cuyo comportamiento, conocido con posterioridad, obligo a las autoridades correspondientes a retirar su estatua y la placa alusiva a un parque ubicado en uno de los espacios de la red de Parques Urbanos administrados por el Parque Metropolitano de Santiago, al cual hubo que cambiarle el nombre.
Recientemente, la Corte Suprema destituyó a dos ministros de Corte de Apelaciones por faltas a la probidad, una sanción muy infrecuente que ocurre una vez cada dos décadas, una decisión que puso la lápida profesional a la carrera de los ministros protagonistas de la crisis en Rancagua, derivada de una serie de denuncias por eventuales hechos de corrupción. Un último capítulo que estuvo marcado por el suicidio del juez Marcelo Albornoz, quien junto a los otros dos magistrados fue involucrado en esta situación y en contra de quien también se había aprobado la apertura de un cuaderno de remoción.
No es una situación alentadora, salvo el hecho que ahora es posible esperar que nadie esté por encima de la ley, que las irregularidades y las malas prácticas están siendo cada vez más difíciles de ocultar, que nadie está libre de ser sorprendido y sancionado. Sin embargo, queda en el subconsciente colectivo la sospecha que es asunto de ponerse a buscar para encontrar acciones de discutible moralidad. Se pierde así una señal necesaria, la de figuras de referencia que ayudan a orientar el modo de actuar de las personas, sobre todo de aquellas que encuentran en plena formación, que corren el riesgo de imitar pésimos ejemplos.
Está abierta entonces la oportunidad de revisar el modo cómo se hacen las cosas y la manera correcta de proceder para poder tener un modelo decente de sociedad, en la cual se pueda volver a confiar sin ser descrito como ingenuo.