Hay muchas personas que no están inscritas en el RND ni son beneficiarios de una pensión de invalidez, ya sea por falta de información o porque creen que al estar en el registro existirá un perjuicio a sus competencias laborales.
Como parte de la idiosincrasia nacional es posible registrar cierto grado de autoflagelamiento, una tendencia a ver más bien lo que nos falta, que lo que hemos logrado, una muestra casi permanente de insatisfacción, apenas compensada por episodios acotados de orgullo nacional. Entre estas circunstancias está el avance social de Chile, el crecimiento en madurez de los colectivos sociales, que han puesto de relieve situaciones que en otras sociedades menos avanzadas continúan siendo indetectadas o en estado incipiente.
Entre muchas de estas, nuestro país ha avanzado considerablemente en sus dinámicas frente a la población discapacitada, o con capacidades diferentes, como se ha dado en llamar, con mayor justicia. A menos de un año de vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, que fija una cuota de 1% de trabajadores con discapacidad en compañías públicas y privadas de más de 100 empleados, se puede observar resultados alentadores.
Una encuesta relativamente reciente, aplicada en más de treinta empresas chilenas, puso en evidencia que la fracción de trabajadores discapacitados que habían empleado era mayor a la cuota que exige la norma, con mayor demanda por inscripciones en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND), que el año recién pasado había experimentado su mayor alza de los últimos tres años. Según datos del Registro Civil, durante ese año, 47.518 personas se incorporaron al RND, que ahora cuenta con 342 mil inscritos, 14% más que en 2017, un incremento supera al 10% y 5% de los años inmediatamente anteriores.
No es un dato meramente estadístico, ya que pertenecer a ese registro trae aparejados beneficios indudables, como poder postular a subsidios habitacionales y a rebajas arancelarias en la importación de vehículos asociados a la condición de discapacidad, además del acceso al Programa de Ayudas Técnicas y a los fondos concursables del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).
Esta exploración de la realidad, de determinados entornos laborales, ha revelado una situación que permanece sin un diagnóstico completo; el número o proporción de trabajadores que tiene discapacidades no declaradas, por desconocimiento de su existencia, o mantenidas en reserva por temor que su exposición resulte en daño para sus posibilidades laborales o ponga, incluso, en peligro la estabilidad de su puesto de trabajo.
Una consultora especializada ha indicado que la proporción de personas en esa situación podría ser un 2,4%. Efectivamente, la investigación, sobre a más de 70 mil trabajadores de 34 empresas y respondida por el 41% de ellos, indica que hay un elevado número de discapacidades importantes no informadas al empleador. La directora del Senadis, reconoce que hay muchas personas que no están inscritas en el RND ni son beneficiarios de una pensión de invalidez, “ya sea por falta de información o porque creen que al estar en el registro existirá un perjuicio a sus competencias laborales”.
Es evidente que la proporción mayor de personas discapacitadas en una empresa no ha sido una barrera para su productividad, ya que de otro modo la situación habría sido descubierta, por lo cual, es posible concluir que las limitaciones del 1% establecido en la ley son conservadoras por razones más bien de prejuicios, que indirectamente han restado beneficios a un número importante de trabajadores chilenos.