El año pasado fueron 364.129 los estudiantes ingresados por tener Necesidades Educativas Especiales (NEE). Ese número equivale, según los datos proporcionados por Mineduc, al 11% de la matrícula de los establecimientos que reciben subvención del Estado.
No es que hacer leyes sea de fácil administración, no lo es, legislar es de una enorme complejidad, ya que se trata de normar el comportamiento de una comunidad entera, como parte del contrato social, pero aún más difícil es implementar las medidas para que la ley tenga efecto, no se trata de pensar sólo en leyes necesariamente represivas, sino también de aquellas que buscar proteger y cuidar.
Estas últimas, las que se dictan para beneficiar a las personas o a las comunidades, no pueden ser letra muerta, como ninguna ley debiera serlo, pero en este caso su ineficacia resulta en una esperanza frustrada de personas e instituciones, como podría ocurrir en determinada circunstancias de la aplicación de la ley 20.845 de inclusión escolar.
Esta muy bien inspirada, la ley regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado y entrega las condiciones para que los niños y niñas, jóvenes y adultos que asisten a colegios que reciben subvención estatal, puedan recibir una educación de calidad. La ley otorga libertad de elección a las familias para escoger el proyecto educativo que prefieran, con disponibilidad completa de la información de cada establecimiento, sin estar condicionados a la capacidad de pago, rendimiento académico u otros tipos de discriminación para sus hijos e hijas.
Según datos obtenidos mediante la Ley de Transparencia, el año pasado fueron 364.129 los estudiantes ingresados al Programa de Integración Escolar (PIE) del Ministerio de Educación, por contar con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Ese número equivale, según los datos proporcionados por la cartera, al 11% de la matrícula de los establecimientos que reciben subvención. Para muchos de estos niños, mantenerse concentrados por largos períodos de tiempo o, incluso, articular oraciones completas en la etapa escolar, se vuelve un desafío imposible. Además, otras condiciones, como ceguera o discapacidades auditivas, resultan ser severas barreras para el logro de adecuados niveles de aprendizaje.
El plan considera 28 diagnósticos que demandan educación especial, entre los más frecuentes está la discapacidad intelectual grave o severa y la dificultad específica del aprendizaje, este último el con mayor prevalencia: 103.213 inscritos en 2018, casi 4 mil más que el año anterior.
Sin embargo, para los expertos, el hecho de que los alumnos sean ingresados en el PIE no asegura, necesariamente, que se cumplan los objetivos del programa. Uno de los eslabones débiles del programa es la formación de los profesores, se advierte que hay muchos docentes a quienes no se les orientó ni focalizó en las NEE y, en consecuencia, no tienen todas las competencias ni las estrategias metodológicas para trabajar en la sala de clases para incluir a estos niños.
De parecida manera hay dificultades en el aula, con cursos numerosos, en los cuales el profesor, aunque tenga las competencias y la más auténtica de las vocaciones, no tiene la oportunidad de intervenir adecuadamente frente a los niños con estas necesidades especiales, o la posibilidad de interactuar apropiadamente con sus familias, el otro componente identificado en la legislación.
El Estado tiene, entonces, una tarea pendiente; proveer los medios para poder cumplir con el espíritu de una buena ley.