Se requiere de un cambio estructural del Estado chileno, al cual se debe llegar mediante un amplio consenso técnico, político y social, de tal manera que no haya una competencia entre las regiones y la capital de Chile, sino una sinergia con cada sector del territorio nacional.
Todavía, a estas alturas, para muchos ciudadanos, particularmente de la capital metropolitana, es una auténtica sorpresa descubrir que hay dificultades objetivas en el proyecto de descentralización. Podría suponerse que después de varios años de la propuesta, esta habría sido auscultada con la debida atención hasta el detalle más pequeño, como para trasformar el proyecto en ley de la República.
En efecto, el 2 de febrero de este año, en poco menos que las ceremonias de cierre del gobierno anterior, se promulga la ley 21.074, “Fortalecimiento de la regionalización del país”, después de varios años de, también se supone, una seria y responsable discusión en el Parlamento del proyecto firmado por la Presidenta de la República, el 30 de diciembre de 2014, considerado la piedra angular del proceso de descentralización.
El aspecto que más fácilmente se recuerda, y en el centro de la discusión, es que la ley regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales. Así, los jefes del gobierno regional pasan a ser electos democráticamente y ya no designados en la capital; por su parte, permite transferir a los gobiernos regionales las atribuciones que hoy tienen los ministerios y servicios públicos.
Se desprende entonces que los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir a la máxima autoridad regional y a partir de allí una cascada de transformaciones descentralizadoras. Se describe con facilidad, pero, al mismo tiempo deja abierto un amplio espacio para una serie de resguardos; la situación que establece a un gobernador regional electo quien se deberá a sus ciudadanos y tendrá que rendir cuenta de sus acciones ante los habitantes de su región y no ante el Presidente de la República.
Es sorprendente, y hasta cierto punto, descorazonador, verificar que a pesar de todos estos años, incluyendo la aprobación por el H. Congreso Nacional, se descubra que determinados aspectos, como las facultades de los gobernadores electos, el traspaso de competencias a los gobiernos regionales y el manejo de los presupuestos locales, entre otros, no habrían sido debidamente abordados.
Los expertos en políticas públicas expresan dudas si los gobernadores regionales a ser elegidos en octubre de 2020, tendrán las competencias, atribuciones y herramientas legales para cumplir con las esperanzas de sus electores y al mismo tiempo, si habrá un correcto diálogo con el delegado regional presidencial, ya que hay un riesgo considerable de confusión de funciones, dando por entendido que existan las competencias y los financiamientos para las iniciativas que surjan.
La mayor dificultad, sin embargo, es que la descentralización efectiva, como las regiones esperan que sea, requiere de un cambio estructural al Estado chileno, al cual se debe llegar mediante un amplio consenso técnico, político y social, de tal manera que no haya una competencia entre las regiones y la capital de Chile, sino una sinergia con cada sector del territorio nacional, que permita a todo el país crecer de modo unitario como siempre ha sido, pero con mayor equidad, como no ha sido nunca.
Es esta la hora de la verdad, el separar las declaraciones vacías aunque populares y políticamente rentable, de aquellas sinceras y convencidas, de la posibilidad de transformar en realidad estas últimas depende que esta ley no sea otra lista de letras muertas.