Si existe una brecha intolerable entre lo que se declara y lo que se ejecuta, es la distancia que hay entre lo que se proclama relativo a los niños de Chile, los niños primero, entre otros elocuentes términos, y lo que se hace para tomar control de una situación a todas luces inaceptable. Niños del Sename es un ejemplo por antonomasia de promesa incumplida.
Para atender uno de los flancos de esta situación que aflije a miles de niños, en abril pasado, el Gobierno presentó un proyecto de ley corta que permitiría aumentar en un 25% el monto de la subvención para las 11 residencias de dependencia directa del Sename, en las viven unos 6.400 niños, de los cuales 5.620 son atendidos por organismos colaboradores, el incremento comprometido era gradual, de modo tal que el monto de la subvención actual se duplicara en cuatro años.
Aunque el proyecto se despachó a la Comisión de Hacienda, los diputados rechazaron el artículo de imputación presupuestaria, que proponía inyectar fondos al presupuesto del Ministerio de Justicia y que posibilitaba a Hacienda “suplementar” en caso necesario. La mayoría en la comisión de Familia de la Cámara de Diputados dejó sin financiamiento esta iniciativa que aumentaba la subvención estatal a las residencias colaboradoras de Sename (OCAS).
La subsecretaria de la Niñez, advirtió que esta tarea de mejorar la situación de los niños desvalidos es una misión que va más allá de un Gobierno, en su opinión, se está perjudicando a organismos que prestan colaboración con los niños, “donde hay instituciones muy pequeñas que necesitan más que nadie estos recursos para poder hacer mejor su labor”.
Algunos parlamentarios que votaron en contra de esta propuesta, declaran no estar dispuestos a entregar recursos extras sin antes “cambiar la estructura de financiamiento, no se puede seguir financiando por subvención a los niños que están institucionalizados”. Lo que significa impedir la entrega de fondos para una situación urgente y dejarlos disponibles cuando se haya corregido satisfactoriamente la ley respectiva, ya que la actual presenta defectos a su juicio aceptables, de ese modo, estiman que el Gobierno yerra en esta materia, porque “todo su esfuerzo ha estado enfocado en seguir transfiriendo recursos públicos a instituciones que han fracasado en su gestión”.
Por su parte, el ministro de Justicia acota que el proyecto tenía incorporados mecanismos sustantivos de fiscalización de buen uso, para asegurar que los programas correspondieran a niveles de calidad y que se dotaba al Sename de capacidad para dar instrucciones que van a permitir, en caso que se incumplan estas instrucciones, clausurar un organismo colaborador.
Para el ciudadano común, sobre todo el que está alejado de odiosidades ideológicas, los niños están primero, con esa base, lo que falta es la generosidad suficiente para negociar de modo razonable para salir al paso de las sospechas de mal uso de recursos y no utilizarlos como rehenes en la discusión que demanda la creación del nuevo Servicio de Protección a los niños y niñas vulnerados o vulnerables. Tener la altura de miras para resolver esta urgencia y a partir de allí, hacer todo lo que sea necesario para dejar satisfechas a todas las partes y protegidos efectivamente todos los niños y niñas vulnerables de nuestro país y evitar una nueva edición de tragedias y malas prácticas.