En nuestro país un 8,6% de la población se encuentra actualmente en situación de pobreza (Casen 2017), es decir, tiene carencias graves en la satisfacción de sus necesidades básicas. Si se amplía el concepto de pobreza a uno que abarca condiciones de educación, salud, seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social –la llamada pobreza multidimensional-, las cifras de pobreza alcanzan a más de un 20% de la población.
La propuesta del Gobierno frente a esta situación, no es en realidad del todo nueva, el dar una mirada a la historia nacional ofrece modelos de iniciativas parecidas, es el intento, con grados variables de sinceridad, con órdenes diferentes de magnitud, de ayudar a los más desposeídos del país, con nuestra larga y a veces muy profunda historia de pobreza.
Lo que puede separar definitivamente esta última propuesta “Compromiso País”, de todo lo que se ha intentado con anterioridad, es su grado de impacto, su permanencia en el tiempo y la objetiva separación de intereses paralelos, la antigua sospecha de dar con una mano y quitar con la otra, o la obtención de beneficios escondidos a consecuencia de una filantropía calculadora.
El empresariado, descrito como parte del colectivo de la derecha, tiene ante sí una oportunidad única de cambiar el paradigma político del país y arrebatar a la izquierda uno de sus argumentos más poderosos, aquel del soberbio egoísmo y la despreocupación por el destino de los más vulnerables, la oportunidad de demostrar que no es absolutamente contraria la idea de beneficios económicos empresariales con el apoyo a los que tienen menos herramientas para salir adelante, de modo tal que puedan incorporarse a la sociedad en una mayor igualdad de términos y acortar así definitivamente la persistente brecha que ha sido la tónica en nuestros dos centenarios de vida independiente.
Esta vez, cada uno de los integrantes en la alianza del sector público, privado, la academia y la sociedad civil, recibió un archivador con información respecto al desafío que les tocará abordar y también una carta del ministro de Desarrollo Social, teniendo como base los problemas que detectó el Mapa de la Vulnerabilidad, el cual ha permitido identificar y priorizar diversos grupos en esta situación.
Se abre así una perspectiva desafiante que tiene que traspasar la dura barrera de la desconfianza o, por lo menos, de la incredulidad o el escepticismo, como consecuencia de experiencias frustradas o promesas incumplidas. Se pone a prueba la credibilidad de la vocación social del Gobierno, utilizando sus propios términos, al expresar la convocatoria hecha por el Primer Mandatario, “iniciar este trabajo y mostrar que sí nos importan los problemas de aquellas personas que no han podido contar con las mismas oportunidades que nosotros… Ahora tenemos la posibilidad y el privilegio de ser parte de la solución”.
No es un sueño iluso, en otros tiempos de las historia del primer mundo hay ejemplos de comunidades completas que han cambiado su destino gracias al impulso y apoyo de personas que apostaron por el crecimiento solidario. Hay una posibilidad de un escenario similar en Chile, aunque requiera de generosidad y desprendimiento, no solo de recursos materiales, sino de voluntad de encontrar alianzas de parecidas motivaciones y compromiso con los largos plazos de esta promisoria dinámica.