Está en pleno debate la ley de Aula Segura, justo el tipo de situación polémica en nuestro país que aún no logra diferenciar entre el derecho del Estado a utilizar la fuerza en el marco de la ley y el complejo de la confusión con los procedimientos represores propios de una dictadura. Hay todavía un miedo visceral a usar la fuerza cuando corresponde, y no tanto a dejarla pasar cuando los violentos están al otro lado de la cerca, un doble estándar de lo políticamente correcto que está amenazando la sana convivencia de los chilenos.
Es preocupante que haya llegado a ser rutinario el espectáculo de jóvenes de la enseñanza media o universitarios, más un número indeterminado de otros de procedencia desconocida, que con el menor estímulo, conmemorando acontecimientos que ni siquiera comprenden a cabalidad, destruyen bienes urbanos, interrumpen la circulación en las calles e impiden el derecho de las personas a vivir en paz. Más preocupante aún es que haya logrado embotar los naturales sentimientos de repulsión de los transeúntes, que observan estas actividades como si se tratara de algo ajeno y, en consecuencia, tratado con desapego e indiferencia.
En esas circunstancias, los estudiantes tienen un modelo de comportamiento que pareciera no tener mayores connotaciones, podría llegar a ser parte del diario vivir, con familias que parecen considerar que la violencia es parte de los derechos de las personas, olvidando que en realidad no se puede y no se debe vivir de esa manera y que no es posible tolerarlo.
Como es perfectamente explicable, el Colegio de Profesores, ha manifestado su preocupación, el Presidente de la orden, confirma que las agresiones han aumentado considerablemente, aludiendo a 150 denuncias efectuadas el año pasado, que podrían tener una cifra negra, ya que en su apreciación, muchos colegios prefieren no denunciar para no afectar su imagen, del mismo modo también han aumentado mucho las agresiones de apoderados a docentes. En efecto, de las 119 denuncias del primer semestre, 70 corresponden a estos últimos, con el agravante del alto nivel de violencia, una situación que no parece contemplar el proyecto de la ley antes mencionada.
Han surgido las consabidas voces de retórica libertaria, acusando de represión sin consideraciones a los problemas de fondo, los entornos de pobreza y violencia de los jóvenes, por ejemplo, sin observar que aun así existe el libre albedrío, la responsabilidad que cada ser humano tiene que tener sobre sus actos y que la sociedad no desconoce la existencia de tales problemas de base. Es que hay que avanzar en ambos frentes, del mismo modo como se toman medidas contra los que agreden y destruyen, se debe seguir avanzando en la reducción de la inequidad y la pobreza, en lograr mejor justicia social, en mejorar progresivamente la calidad de vida de todos los chilenos.
Es lamentable que se haya llegado al punto de tener que impulsar un concepto de aula segura, del mismo modo como puede ser aquel de casa segura, de estadio seguro, que en el fondo delata lo que como sociedad no hemos podido hacer, la necesidad de un desarrollo sostenible para cambiar el perfil del ciudadano chileno, la sociedad solidaria que tenemos la potencia de obtener, que yace bajo la superficie y que aflora en la emergencia, oculta ahora en un modelo que ha postergado los valores de una civilidad faltante.