Aun antes que la reforma educacional, incluyendo la gratuidad de los estudios superiores para un número importante de los jóvenes con menos ventajas socioeconómicas, las diversas instituciones de educación superior del país habían resuelto dar oportunidades de diversa naturaleza para aumentar la inclusión en su carreras, cuando ese concepto no tenía la fuerza que tiene ahora, bajo el denominador de ingresos especiales y para responder a las demandas de una sociedad que manifestaba constantemente las elementales injusticias en el acceso, frecuentemente, asociadas al financiamiento.
La ley chilena actual establece que la educación superior es un derecho y siendo así debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, que en términos concretos debe resultar en la ausencia de discriminaciones arbitrarias que impidan a las personas desarrollar sus talentos en este ámbito.
La reforma de la educación superior contempla la gratuidad, así, las familias correspondientes al 60% de menores ingresos de la población, cuyos miembros estudien en instituciones adscritas a este beneficio, quedan libre de pagar aranceles y matrículas durante la duración formal de las carreras.
En su última cuenta pública, la ex Presidenta Bachelet destacó que más de 257 mil jóvenes estaban estudiando con gratuidad en la educación superior. Lo que implica que uno de cada cuatro estudiantes seguirá su formación sin costo para el grupo familiar. Sin embargo, en el transcurso del tiempo se empiezan a evidenciar algunos signos inquietantes, el primero es aun de poco significado porcentual y se refiere a la titulación oportuna, una de las limitantes que necesariamente debió establecerse en la ley, de esa manera, el año 2017, poco más de 3.000 estudiantes perdieron el beneficio de la gratuidad por exceder el plazo de egreso de sus carreras.
El otro factor, cuyo impacto resulta difícil de medir con absoluta precisión, es la situación del estudiante que ingresa por vía gratuidad en universidades con determinadas estratificaciones socioeconómicas y culturales, de qué modo sus diferencias pueden transformarse en barreras para cumplir adecuadamente con las demandas académicas, tema del recién publicado libro “Equidad en la educación superior: Diseño y resultados de programas de acceso en universidades selectivas”, editado por la Universidad Católica, en el cual se da cuenta que si bien es cierto el alumno que entra por Talento e Inclusión no es tan distinto en términos académicos, si hay una diferencia importante en las variables sociodemográficas.
Las instituciones ven en la inclusión ventajas importantes, en el hecho de aumentar el acceso de estudiantes talentosos de contextos desaventajados, aceptando el desafío de incorporarlos a la comunidad universitaria, la cual resulta claramente ganadora al mejorar y ampliar su pensamiento crítico, la tolerancia y el liderazgo.
Esta realidad, hace necesario grandes esfuerzos para acercar las brechas y romper estereotipos para conseguir una inclusión verdadera, en igualdad de términos. Es evidente que apostar por la aceptación mutua y sin prejuicios de jóvenes que han tenido vivencias claramente asimétricas es una tarea compleja, sería diferente si la inclusión se inicia dónde debe empezar, en la primera infancia, una nueva evidencia para hacer andar la reforma educacional desde el principio.