Descentralizar no es un proceso que se base en la ambición estrecha y utópica de las provincias, de los reclamos de las regiones que se perciben como injustamente tratadas, o dejadas de lado, separadas de las grandes avenidas de las prioridades nacionales. Descentralizar es una necesidad para el desarrollo armónico de Chile. Mientras, esta simple concepción, no sea comprendida a cabalidad, no es posible aspirar a la condición de país desarrollado, porque esa categoría requiere simetría y racionalidad y no se puede concebir que una nación que aspira a ser parte de esa comunidad haya optado por crecer aceleradamente en el centro y esperar que el resto se asimile, como un proceso natural e histórico, aleatorio e impredecible.
Hacer este cambio, no es romper con la unidad de Chile, es hacerlo crecer en todo su territorio, una tarea compleja que los actores regionales deberían ser capaces de imponer, una promesa que no se ha cumplido, las autoridades regionales, actores políticos y administrativos, no parecen poder hacerse cargo de un cambio de esa magnitud, como ocurrió en su tiempo con los promotores de la Universidad de Concepción, como fuerza generada localmente, basada en su íntimo convencimiento, sin esperar la respuesta de interlocutores capitalinos, inmunes a las rogativas después de decenios de práctica, convencidos que a los regionalistas se les puede conformar declarando que están abiertos a oírles en alguna otra oportunidad más propicia.
Las universidades, han visto en esta situación un desafío a enfrentar con el debido rigor. Se formaliza de ese modo la creación de la Red de Centro de Estudios Regionales de Universidades Chilenas en el cual se reúnen todos los centros e institutos de estudios regionales y territoriales que funcionan bajo este alero, es decir 14 Centros de Estudios Regionales, pertenecientes a 11 universidades chilenas regionales y metropolitanas.
Los participantes, además de compartir y socializar el conocimiento acumulado en materia de desarrollo territorial, se proponen asumir un rol más activo en el futuro proceso de implementación de las reformas políticas y administrativas en descentralización. Con ese propósito se declara que es posible contribuir en tres aspectos críticos para un progreso efectivo; el primero es tomar en debida consideración otras experiencias similares en la Región, ya que no todos los procesos de transferencia de poder provocan resultados virtuosos, como desequilibrios fiscales o empoderamiento de caudillos regionales, y potenciar en cambio los aspectos positivos de dichos procesos.
Un segundo objetivo es de proveer estudios que fundamenten la solicitud de competencias que realicen los gobiernos regionales, la cual debe tener argumentación sólida como para justificar su utilidad y que dé cuenta de las capacidades propias que tienen estos gobiernos para ejecutarlas y como tercer elemento, salir al paso del repetido y prejuicioso argumento de la elite centralista; que a nivel regional no existe el capital humano calificado para ejecutar las competencias que se requieren para administrar la descentralización.
Toda esa base, por útil e indispensable que sea, resultaría estéril si los representantes y los conductores de la Región, con el apoyo de la ciudadanía, no están dispuestos a asumir sinceramente las consecuencias y las demandas de este compromiso.