Pasados los primeros cien días de Gobierno, por la sola razón de los números redondos, estimados arbitrariamente como significativos, se producen los primeros balances de la acción gubernamental, en las altas esferas, pero particularmente, en los diferentes niveles locales, donde las ideologías y las proyecciones globales se transforman en acciones que afectan el día a día del ciudadano común, asuntos etéreos y distantes reemplazados por problemas concretos.
En ese sentido, vuelve a estar de plena vigencia el sano ejercicio de sacar cuentas y observar lo que se ha avanzado en diversos proyectos, como el de la descentralización, por ejemplo. El momento de balance e inventario del estado del arte de esta iniciativa, que podría dar al país una nueva oportunidad de crecer en simetría, de hacer extensivo el progreso y la capacidad de prosperar hasta el más alejado y pequeño rincón de Chile.
Desde principios del anterior gobierno, se reiteró la promesa de avanzar en las importantes transformaciones necesarias para el fortalecimiento de las regiones , en consecuencia se creó, la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional cuya conclusiones, recibidas con beneplácito fueron prontamente retiradas del centro de la atención política.
El asunto logró, eso sí, entrar al terreno de intensas discusiones, a partir del número de posibles Consejeros, el interés inmediato por los diferentes partidos en tener a sus representantes en ese colectivo, la inmediata negociación de cuotas y otras maniobras de los conglomerados, dejó afuera un tema que debió ser el primero en resolverse; los atributos de los Consejeros. Se produjo así una situación inconfortable, autoridades elegidas sin saber exactamente para qué y con qué funciones.
En otro frente polémico, se introduce la Reforma Constitucional que establece la elección directa de los futuros gobernadores regionales, que requiere para su implementación de la Ley Orgánica Constitucional. Se ha discutido el establecimiento de las inhabilidades para postular al cargo y este ha sido el principal escollo para su avance, cuando el principal problema es no replicar lo sucedido con los consejeros, es decir, cuáles serían las atribuciones del futuro cargo de gobernador.
En lo que se aprecia más bien como maniobras de distracción, los parlamentarios, hacen declaraciones asegurando su interés en conseguir la elección de los intendentes, o gobernadores, como se ha propuesto denominarlos, escabullendo el hecho que la dificultad mayor radica, no en la elección, sino en el traspaso de competencias.
Esta iniciativa sigue estando en carpeta, con episodios de actividad que no han tenido resultados concretos, pasan los años, se ha cambiado el Gobierno y hay nueva situaciones que logran postergar las debidas respuestas, siempre parece haber problemas más urgentes, con el resultado de postergar una propuesta, que lejos de ser de coyuntura plantea una nueva forma de proyectar el futuro de Chile, tarea, aparentemente demasiado grande para los actores políticos nacionales.
En este mismo momento este problema irresuelto tiene implicancias en la administración de las autoridades actuales. La iniciativa, que contempla autoridades elegidas y designadas, la esfera de acción de cada una, las atribuciones de los consejos, además de fuentes de financiamiento, sigue esperando los tiempos de la toma de decisiones.