Debe haber en la memoria del ciudadano común un recuerdo de la dinámica política propia de un gobierno saliente con los plazos que se cerraban con mayor celeridad de lo deseable, las prisas y las urgencias para cerrar círculos que no terminaban de cerrarse. Aunque algunos de estos procesos no lograban conseguir acuerdos por motivos evidentes, aun así se produjo una suerte de paroxismo para salir adelante, el trabajo legislativo terminó trasladando las urgencias al gobierno entrante, teniendo a la vista los plazos existentes, particularmente en la reforma educacional.
En los primeros cien días del actual gobierno, además de la dinámica de instalación, de por sí compleja, aun con la ordenada tradición republicana, hubo que prestar atención a la dictación de leyes relativas a la reforma de la educación superior y a la ley de universidades estatales, entre otras iniciativas que incluían el aseguramiento de la calidad y los organismos que tienen que hacerse cargo de su implementación.
Sin embargo, alejándose de ideologías y empleando las herramientas del sentido común, hay en todo el esquema notas discordantes, la gratuidad, por ejemplo, de efectos visibles de modo inmediato, que se instaló como primera prioridad, aún con el costo de prestar más atención a los aspectos de financiamiento que a la calidad de la educación terciaria, o la educación parvularia y básica, cuyos resultados se podrían visualizar en plazos más largos.
El ingreso de muchos jóvenes a la educación superior tiene un inmediato impacto, pero con algunos resguardos por verificar, ya que está por determinarse las competencias de algunos de estos estudiantes para cursar exitosamente sus carreras, o el costo de este esquema para las universidades en cuanto a garantizar la calidad de su enseñanza y la estabilidad de sus proyectos educativos. Por otra parte, la posibilidad real de inserción de los egresados en el mundo laboral, cuando ya en la actualidad hay muchos profesionales jóvenes que no consiguen encontrar empleo para sus competencias.
El otro aspecto es, entonces, la calidad de la educación de base. La evaluación de los colegios permitió detectar que hay aproximadamente 800 de ellos con una calidad insuficiente, de los cuales 500 corresponden a escuelas de educación básica. Un colegio básico calificado como insuficiente significa que la mayoría, sino todos los alumnos, están en contextos de vulnerabilidad, en términos concretos, eso quiere decir que hay niños en cuarto básico que no saben leer y menos entender lo que leen, que hay muchos niños que no manejan matemática básica, una señal clara que no están preparados para vivir con éxito en el siglo XXI, con un horizonte de continuar en la pobreza, sin la posibilidad de insertarse en una sociedad demandante.
Por otra parte, hay claras y visibles falencias en formación ciudadana y educación cívica, elementos básico para el robustecimiento de un sistema democrático y para la evolución de una sociedad sana, garantizar durante la formación la adquisición de valores, para ejercer a cabalidad una ciudadanía responsable y comprometida.
La reforma educacional no puede tener el impacto que de ella se espera si no se robustece la base, para que los estudiantes del futuro puedan asumir, a plena competencia, los desafíos de la educación superior. Se debe asegurar efectivamente la educación de calidad.