La clase política no termina de asimilar, a pesar que sus representantes manifiestan abiertamente estar al tanto del deterioro de su imagen pública, que tiene que haber una consecuencia entre el decir y el hacer, que no bastan las siempre renovadas promesas de ajustes necesarios para recuperar su maltratado prestigio. No faltan las instancias para verificar que las declaraciones retóricas se alejan frecuentemente de sus prácticas y éstas continúan siendo merecedoras de cercano escrutinio.
Hay numerosas conductas, sino abiertamente corruptas, fácilmente asociadas con diversas formas de malas prácticas, especialmente en el muy visible sector público, que sufre de desprestigio cuando llega al conocimiento público determinas actuaciones, como lo ocurrido durante la campaña presidencial, en la cual se reveló, en cadenas nacionales de televisión, la existencia de más de una decena de miles de operadores políticos.
Es evidente para el ciudadano común que el Estado paga sueldos que son perfectamente comparables e incluso mejores que el sector privado y, por lo tanto, no hay razón alguna para aceptar que esos puestos sean ocupados por personas de perfil mediocre, por el solo hecho de haber colaborado en campañas electorales, o por cuotas resultantes de acuerdos entre las diversas coaliciones.
Otro fuerte argumento para observar con desconfianza el accionar de las autoridades, es la opacidad de algunos asuntos, que puede inducir a la sospecha de actos contra la probidad, la presentación del proyecto para transparentar la declaración de intereses y patrimonio, cumple precisamente con ese necesario principio, de igual manera, el robustecimiento del sistema de Alta Dirección Pública, para que este recupere el auténtico espíritu de la ley; que estos cargos reflejen la idoneidad para el cumplimiento de su funciones y no la lealtad al gobierno de turno, razón por la cual no debiera producirse un desmantelamiento con cada cambio de régimen
El posible uso de información privilegiada de familiares del ejecutivo, con fines económicos especulativos, marcó la administración pasada durante todo su ejercicio, temprano, en el actual gobierno, la designación de un familiar en un cargo diplomático, golpeó fuertemente en todos los ámbitos, se había producido un cambio en el umbral de la tolerancia de la ciudadanía, sin negar las competencias y el prominente perfil del nominado, estaba la sombra del nepotismo, la equívoca práctica de ramificar con vínculos familiares la administración del Estado. La discusión respecto a la contratación de familiares en el Estado está lejos de cerrarse, ha costado separar lo que es legal; lo que se puede hacer, con lo legítimo; lo que debería hacerse.
En otra vertiente del esfuerzo por mejorar la imagen de la administración pública, el gobierno ha impulsado un proyecto para aumentar las penas por cohecho y soborno, uno de los aspectos contemplados para garantizar la probidad de los funcionarios públicos, aunque hay temas como el lobby, o situaciones delicadas de toma de decisiones por personas que migran de lo privado a lo público o viceversa, con eventuales conflictos de interés.
Todo este listado de iniciativas resulta muy alentador, evidencia la capacidad de las instituciones y de la clase política para hacerse cargo y recuperar un indispensable alto nivel de respeto y confianza de la ciudadanía.