Nueve meses después de que las llamas devastaran Penco, Lirquén, Punta de Parra, Florida y sectores rurales del Gran Concepción; la tragedia sigue cobrandovidas en forma silente y desgarradora. Lo peor: el proceso está lejos de un cierre judicial definitivo. La confirmación del deceso número 21 —Carlos Bello, tras sucumbir a severas quemaduras en el Hospital Las Higueras— no es sólo un dato forense que reformaliza la causa contra el imputado Claudio Luna, es la prueba lacerante de que los impactos de un megaincendio no se extinguieron con las últimas brasas de enero de 2026, sino que continúan carcomiendo la vida y la calidad de vida de los damnificados.

Sin embargo, el dolor de las familias contrasta severamente con la parsimonia de los tiempos institucionales. La extensión del plazo investigativo hasta febrero de 2027 refleja una preocupante dependencia burocrática: dos informes periciales decisivos, encomendados a la Policía de Investigaciones y a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), continúan pendientes. Es insostenible que a estas alturas -de camino a cumplir un año de la tragedia- el país aún no cuente con una reconstrucción técnica completa sobre la dinámica de la catástrofe.

La justicia que tarda pierde su valor reparador para las víctimas y para una comunidad golpeada por la incertidumbre.

Aún más compleja es la arista estatal. Mientras la investigación penal contra el único imputado individualizado roza su fase final, las eventuales responsabilidades penales o administrativas de agentes del Estado en la gestión de la emergencia se mantienen en una nebulosa “desformalizada”. La falta de un plazo acotado para indagar las fallas de prevención, alerta temprana y respuesta oficial corre el riesgo de diluir las responsabilidades del aparato público en un mar de tecnicismos y prórrogas. Identificar a quien presuntamente encendió el fuego es imprescindible, pero eximir de escrutinio riguroso a las instituciones encargadas de prevenir la tragedia y mitigar su avance representa una peligrosa miopía institucional.

Atribuir la catástrofe únicamente a la conducta individual de una persona simplifica un problema de fondo desgarrador. Las 21 muertes exigen más que un fallo ejemplar en los tribunales: demandan verdad sobre el desempeño del Estado antes y durante el desastre. Buscar responsabilidades no es un acto de venganza, sino una garantía mínima de no repetición para los habitantes del Biobío. Mientras la burocracia dilate las pericias y postergue el esclarecimiento integral, las cenizas de esta tragedia continuarán ardiendo sobre la fe pública.