Hay situaciones en la sociedad que suelen estar encadenadas, algunas descritas como círculos virtuosos, pero lamentablemente, también operan los circuitos perversos, situaciones como la delincuencia, que se ve reforzada por el tráfico de drogas, resultando en una espiral incremental de la violencia y la posesión de armas, estas últimas como elemento dispensable de los delincuentes para luchar por territorios y mercados.
La ciudadanía ha visto como en los últimos años se ha venido instaurando una forma de violencia delictiva que parece estarse apoderando en determinados enclaves con un inédito nivel de agresividad y falta de respeto a la vida. El signo externo más superficial y conocido son las balaceras, como forma de advertencia de grupos delincuenciales, en los cuales hay una inquietante participación de jóvenes menores de edad.
Las causas son conocidas y abundantemente aludidas, el desempleo, la falta de oportunidades, la falta de educación formal, familias disfuncionales o vulnerables, un conjunto de fenómenos sociales de difícil solución en los cortos plazos, pero hay otra variable que si puede ser enfrentada con decisión; el creciente tráfico de armas, una situación sobre la cual la actual comisión presidencial de Seguridad se declara partidaria de modificar el sistema de control.
En el mismo sentido, desde la subsecretaría de Prevención del Delito, se ha señalado que la actual ley de control de armas no resulta adecuada a la realidad social que hoy se vive, que el sistema existente se presta para fraccionar esta realidad y no tener cabal evaluación de su magnitud e ignorar cuántas armas circulan. Así, por ejemplo, la base de datos del registro de armamento y sus poseedores es responsabilidad del Ejército, sin embargo, la inspección es responsabilidad de Carabineros y los resultados no necesariamente se ven reflejados en la base de datos de la primera institución, por tanto, el modelo se presta para la descoordinación en un tema cada día más delicado y sensible.
El asesinato a sangre fría de un carabinero en La Pintana, baleado por un menor de edad, como una serie de sucesos de parecida naturaleza, ha mostrado la asociación perversa aludida al principio, el tráfico de armas y los usuarios menores de edad, a veces utilizados por bandas justamente por las limitaciones impuestas por la ley en cuanto a responsabilidad penal de los adolescentes. El ministro del Interior ha señalado que deberían cesar las consideraciones que porque son menores no pueden recibir las penas que corresponden a delitos muy graves.
Ambas situaciones están siendo estudiadas simultáneamente, aunque hay que considerar que son distintas, la discusión sobre la responsabilidad penal de los adolescentes tiene muchos matices difíciles de conciliar en el corto plazo, pero las armas, la posibilidad muy concreta intervenir decididamente en su tráfico y circulación, es una iniciativa que no puede esperar, el Estado chileno tiene las competencias y los instrumentos para actuar en este sentido decididamente, no se puede desatender lo que sucede en EE. UU., donde colectivos poderosos y la misma Constitución permiten que las armas sean un factor latente de muerte, la cual se expresa repetida y dolorosamente en esa sociedad, se supone, perteneciente al primer mundo. No es necesario tener un episodio local de esa naturaleza para tomar las medidas que correspondan.