La situación de los egresados de las universidades, deudores del sistema de financiamiento de sus estudios, el sensible sistema de Crédito con Aval del Estado, es una situación que se ha asomado repetidas veces a los medios, por tratarse de un tema con obvias connotaciones económicas, pero al mismo tiempo por representar un considerable impacto social, problema que se instala motivando interpretaciones de diversa índole, desde el tema del financiamiento de los estudios superiores, hasta las complejidades propias de los sistemas de financiación .
El tema irrumpe nuevamente con mucha fuerza, esta vez con datos duros del estado de la situación. A inicios del pasado mes de abril, el Ministerio de Educación había procedido a retirar el proyecto de ley presentado por la anterior administración, con el propósito de reemplazar el actual Crédito con Aval del Estado (CAE), al mismo tiempo que asumía el compromiso de presentar una nueva iniciativa en el plazo de tres meses.
Hace unos días se reunió la comisión encargada de investigar actos relativos a los créditos de financiamiento en educación superior, la misma que deberá legislar cuando se presente el nuevo proyecto, en esa oportunidad el director ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, Ingresa- el órgano fiscal encargado de administrar estos los créditos – entregó datos respecto del pago y endeudamiento de los más de 870 mil estudiantes que han solicitado el CAE desde su implementación en 2006.
Transparentar esta situación es algo así como terapia de choque, poner a la luz pública una situación que para los involucrados era conocida, pero a título de apreciación con base en situaciones personales, según los datos de Ingresa, a diciembre del año pasado, de un total de 390.220 beneficiados del CAE, un 42% mantenía cuotas morosas por un total de $842 mil millones, monto que incluye desde el atraso de una cuota hasta la totalidad del préstamo, es decir, superan los 12 meses sin ejercer ningún pago. En esta última situación se encuentran 56.319 desertores de sus carreras y 58.106 egresados.
Al desagregar los datos según tipo de Institución de Educación Superior, se observa que los mayores niveles de morosidad se registran en los Centros de Formación Técnica (48,1 %) y en los Institutos Profesionales (46,4 %) y en el mundo de las Universidades, son las privadas quienes presentan las mayores cifras (33,1 %).
Para el director de Fundación Sol, un centro de referencia nacional para cuestiones de trabajo, sindicalismo y educación, estos datos no indican personas que simplemente no quieren pagar su deuda, sino que tienen otras razones, al observar que los deudores que presentan mayor morosidad son aquellos que proceden de comunas con mayor pobreza, con ingresos bajos o discontinuos, aún más en el caso de los desertores de sus carreras.
Al ser el Estado un aval, las deudas y los gravámenes de los saldos adeudados tienen que ser asumidos con el dinero de todos los chilenos, los montos resultan lo suficientemente elevados como para comprometer la financiación de otros estudiantes, o para postergar otras iniciativas críticas de protección social. Un desafío que debe resolverse para hacer sostenible este sistema y para el ir en auxilio del colectivo de egresados con dificultades para dar cumplimento a sus compromisos.