La sociedad se basa en los puentes de confianza, la razón de ser de los colectivos humanos está en la necesidad de encontrar protección y apoyo en los otros, la posibilidad de mejorar los resultados individuales con redes entre sus miembros para buscar el bien común. Es, entonces, indispensable que las iniciativas que interesan a todos, en cualquier grupo humano, sean visibles. El ocultamiento, voluntario o no, de parte de la realidad, genera desconfianza, es decir, atenta contra el correcto funcionamiento de la sociedad en su conjunto.
La falta de conocimiento sobre el actuar de entidades y actores públicos resulta en la sospecha, no siempre fundada, que esas áreas opacas ocultan situaciones incorrectas, o derechamente ilegales, como puede ser la corrupción o la falta de probidad.
Para salir al paso del desconocimiento de la ciudadanía sobre el accionar de los órganos del Estado y sus agentes, se aprobó la ley. 20.285, sobre acceso a la información pública, en cuyo primer artículo se expresa “La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información”.
El presente año se cumplen 10 años desde la dictación de la ley que regula el Derecho de Acceso a la Información Pública en Chile, conocida como Ley de Transparencia. Desde 2013, el Consejo para la Transparencia (Cplt) mide el funcionamiento de la norma a través del Índice de Transparencia y Acceso a la Información, y en el informe sobre los resultados del último año, se declara que su nivel de implementación aún no supera la barrera del 50%.
Es muy interesante señalar en qué factor radica este grado de avance, todavía parcial, después de una década de la implementación de la normativa legal. El mismo informe señala que a pesar de que las instituciones se han adaptado a la norma, la ciudadanía aún no logra incorporar las metodologías para ejercer su derecho a la información.
En términos concretos, la ciudadanía tiene una herramienta poderosa para salir de muchas de sus dudas con respecto al recto proceder de las autoridades e instituciones, pero no tiene la debida capacidad para utilizarla. El estudio señala que hace falta que las personas que necesitan información pública sepan cómo pedirla y, en caso de quedar insatisfechos, que sepan cómo reclamar; señalando que este conocimiento es extremadamente necesario, ya que mediante el ejercicio de este derecho se dispone de un instrumento eficaz para prevenir la corrupción y empoderar la participación ciudadana.
Se señala que el aparato estatal ha ido evolucionando positivamente en el desempeño de sus obligaciones de transparencia, de esa forma, la dimensión institucional subió ocho puntos respecto del año pasado y el sector deficitario se ubica, más bien, en la falta de capacitación los usuarios.
El informe del Cplt es lo suficientemente claro, para indicar lo que hace falta, la educación de la ciudadanos en el acceso a la información, una dinámica que puede contribuir a la eliminación de sospechas sin fundamento, o a señalar las situaciones que sí merecen reparos, ambas actitudes con base cierta, sin juicios previos, una opción harto más conveniente que las acusaciones sin fundamento y un modo natural de restituir confianzas.