A pesar que la realidad muestra cotidianamente que no se trata de un problema teórico, sino con dolorosas implicancias en la vida de las mujeres, se suele dejar de lado, a tender sobre hechos intolerables una suerte de mal entendido telón piadoso, o un intento de deliberado de olvidar una situación incómoda y vergonzosa para la sociedad en su conjunto. En el último informe del Centro de Derechos Humanos (CDH), se concluye que la regulación chilena sobre violencia contra la mujer no cumple con estándar internacional.
El estándar aludido se refiere a la capacidad de las medidas para la regulación de este oprobioso fenómeno y, en el caso chileno, la ley es insuficiente para cambia la situación y menos aun cuando se trata de la mujer fuera del contexto de familia, ya que en la actual regulación se excluye a la mujer de una protección especial cuando se trata de relaciones afectivas distintas a las familiares. En nuestro país este problema no es ajeno, de hecho, una de cada tres chicas es agredida por su pareja o por su ex y lo preocupante es que en la mayoría de los casos, este tipo de conductas comienza en la etapa del pololeo, según datos del Servicio Nacional de la Mujer.
Las cifras empiezan recién a mostrarse más cercanas a la realidad, a pesar que el dolor, la vergüenza y el miedo, muchas veces son las razones por las cuales las mujeres esconden que son víctimas de violencia. Si bien, desde hace más de una década, se ha conseguido evolucionar hacia una protección de los derechos de las mujeres, fruto de una mayor visibilización y denuncia de los altos índices de violencia contra ellas, el CDH subraya que existen falencias en el ordenamiento jurídico y las instituciones del Estado para enfrentar la violencia de género en nuestro país, conforme a lo que establecen los estándares internacionales para proteger a la mujer en su vulnerabilidad.
En Chile, el 35,7% de las mujeres reconoce haber sufrido violencia durante su vida, pero pocas son las que la enuncian, esta puede tener formas diferentes pudiendo ser física, sexual, psicológica, o económica, en cualquiera de ellas el maltrato es una violación a los Derechos Humanos, pues atenta contra la dignidad de las personas, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de las personas y también porque destruye la familia.
Se tiende a pensar en los “derechos humanos” en términos de disidentes políticos que son privados de libertad, exiliados o torturados, pero la violencia de género no solo es mucho más común, sino que a veces está asumida como una forma de cultura, inconveniente, primitiva, pero normal. El primer paso, es que debe haber igualdad de derechos en los géneros, que éstos merecen igualmente respeto y cuidado, que la ley les asiste del mismo modo. La violencia y el maltrato no afectan solo a las mujeres, sino que suprimen el talento y detienen sociedades enteras, cuando millones de niñas y mujeres son maltratadas, todos resultamos disminuidos.
El paso siguiente es hacer valer la ley que existe y complementarle como para hacerla más efectiva, lo que indefectiblemente requiere de la voluntad de aplicar la legislación, con las medidas efectivas que corresponda, con la dura mano de la ley, dura lex sed lex, que no importa lo dura que sea, si es justa, para detener la violencia hacia la mujer, un situación que ninguna sociedad civilizada debería soportar.