Está por verse la velocidad que toma la iniciativa de descentralizar el país, una de las iniciativas más mencionadas y menos llevadas a la práctica, salvo movimientos compatibles con el parto de los montes. Hay convencimientos faltantes en esta propuesta, que consiste básicamente en el desarrollo más armónico del territorio nacional, dando más oportunidades a los actores locales para llevar adelante sus emprendimientos, aptos para la realidad cambiante de cada región, con sus propios recursos y sus particulares idiosincrasias.
Es muy posible que loa actores más determinantes, los mismos parlamentarios regionales, no estén ciertos de la conveniencia de este cambio, ya que en la realidad actual está la base de su soporte político, que los transforma en negociadores y mediadores. Así cada acción que tenga resultados se transforma en un argumento de perpetuación, no siempre sutilmente, el trabajo parlamentario, un deber, se transforma en una gestión parlamentaria, un favor, generador de deudas para los solicitantes, que no han hecho otra cosa que insistir por sus derechos legítimos.
El resultado de esta forma de progreso, que lo hace dependiente de decisiones centrales, con prioridades muy otras a las de las regiones, o provincias, es un enorme atraso en la puesta en marcha y ejecución de los proyectos, que languidecen por décadas, una situación que es fácilmente visible para la mirada neutral, detectando brechas de infraestructura y centralismo en las inversiones de las obras públicas
No parece ser suficiente la reiteración de estas circunstancias, así cada vez que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emite un informe sobre Chile, el país se muestra como un contraste con las naciones más desarrolladas del mundo, con esa óptica, más exigente que la acostumbrada comparación con Latinoamérica, los déficits locales se hacen más evidentes.
Un informe reciente de este organismo muestra que si bien Chile ha avanzado en completar “las principales inversiones en infraestructura básica esenciales para el desarrollo económico y el bienestar social”, exhibe amplias brechas de infraestructura. Para cualquier connacional es ostensible la diferencia en la magnitud y velocidad de las obras que se emprenden en Santiago y regiones, de tal magnitud que se ha establecido una suerte de inmigración interna, migrante regionales a la capital con problemas parecidos a los que vienen del exterior, en busca de mejores oportunidades, en un negativo y amenazador círculo vicioso.
El director de gobernanza pública de la OCDE, enfatiza la mirada desde las localidades, en su criterio no solo se debe construir más, “sino invertir en calidad, y eso es particularmente cierto para algunas partes del país, que es grande y único geográficamente. Se debe pensar qué inversiones se requieren en esas regiones. Hay que mirar lo que van a hacer las municipalidades”.
El gobierno que se instala el 11 de marzo tiene sobre sí el peso de las expectativas de los chilenos. Resolver la impresentable asimetría en desarrollo del territorio nacional es una de ellas, de mucho mayor impacto a largo plazo, ya que plantea una nueva forma de administración del Estado, tarea larga que debería tener un inicio efectivo, en contraste con medidas de buena crianza que básicamente, como el gato pardo, cambian mucho para dejar al final, todo como estaba.