Editorial

El observatorio de comercio ilícito

Por: Mauro Álvarez | 03 de Febrero 2018
Fotografía: Archivo

Recientemente, se ha informado de la incorporación de algunas municipalidades al Observatorio del Comercio Ilícito (OCI) para combatir el comercio ilegal. Sobre la tarea municipal se sabe bastante, aunque todavía no es visible un criterio común de todas ellas frente a este particular problema, la Municipalidad de Concepción ha mantenido una postura definida y enérgica relativa a esta actividad ilegal, pero no está recibiendo el respaldo que correspondería de otros  municipios con similares circunstancias. No es igualmente conocida la esfera de acción del Observatorio.

El OCI es una institución que coordina a instituciones públicas e industrias afectadas por el comercio ilegal, con el fin de levantar información relevante que permita proponer políticas públicas efectivas para combatir esta actividad ilegal, del mismo modo su objetivo es  informar y hacer conciencia sobre los problemas causados por el contrabando, la piratería y el comercio informal.

La lucha contra el comercio ilícito tiene antiguos antecedentes históricos, con la dificultad adicional de atacar esta actividad como si se trata de un universo homogéneo, fuera de la ley e igualmente repudiable, cuando en realidad en él participan actores muy distintos, los cuales deberían ser, antes que nada, perfectamente individualizados y descritos.

Los esfuerzos encaminados para controlarlo o extinguirlo se justifican por sus implicancias, que suelen ser más amplias y lejanas de lo que a primera vista aparece, contrabando,  piratería, de libros, de productos y materiales electrónicos y de cyber seguridad, que comprometen las relaciones de comercio chilenas con mercados foráneos. Se añade el  daño al comercio establecido, pues significa una competencia desleal para el comerciante que paga sus impuestos y cumple sus deberes laborales, al Estado, el cual percibe menor recaudación tributaria para atender necesidades nacionales. Disminuye la seguridad en las calles y daña a los consumidores, quienes  adquieren productos que no cumplen estándares de calidad, o  de dudoso cumplimiento de normas sanitarias.

El OCI realizó un estudio piloto en la capital metropolitana, con entrevistas a los tres grupos involucrados; comprador, vendedor, proveedor. Es interesante consignar que el 56% de los que compran, sabe que es una falta, lo hacen por los buenos precios y el 79% dice estar satisfecho con lo que compra. Por lo tanto, la gente está consciente que es una infracción, poniendo de manifiesto una falencia de cultura o valores, o simple indiferencia.

No es suficiente el conocimiento que se tiene de los vendedores, desde desocupados buscando un modo de ganarse la vida, a verdaderas redes de distribuidores menores de empresarios ilegales con  fuertes recursos que les permiten emplear economía de escala y  proveedores que tampoco han sido adecuadamente individualizados.

La fuerte resistencia de grupos de vendedores ambulantes y episodios de manifiesta violencia no siempre es causada por la desesperación de personas vulnerables, sin otro recurso, sino por comerciantes ilegales que quieren tener todas las ventajas y ninguna de las obligaciones.

En razón de lo anterior, resulta evidente que hay tareas de inteligencia que efectuar antes de proceder a tomar medidas de fuerza, el antiguo desafío de no hacer pagar justos por pecadores, o discriminar entre los que merecen ayuda y solidaridad y delincuentes económicos.

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