Terminadas las festividades propias de la conmemoración de Fiestas Patrias, suele haber comentarios sobre aquellos que tuvieron que trabajar igualmente, por ser sus servicios impostergables, pero más que eso es importante pensar sobre aquellos que estuvieron solos, sin nadie que acudiera a verles, que no tuvieron a lo mejor noticias, personas solas, especialmente enfermos y ancianos, en esa línea es posible reflexionar sobre lo que ocurre en los centros residenciales dependientes del Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Los residentes de estos centros han aparecido en los medios de información por la peor de las razones; la muerte de 31 ancianos en menos de un año en el centro residencial Cordillera, dependiente del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), administrado por la Fundación Agrupación Médica y Social Chile Ayuda (Amsca), según lo expresado por el diputado Pérez, quien busca el apoyo para investigar esta situación por tratarse de responsabilidades estatales.
Es una situación que exige aclaración antes que nuevamente los acontecimientos más llamativos lo releguen en el olvido, sobre todo si la fundación aludida ostenta como misión justamente el “colaborar activamente en el diagnostico frente a situaciones de riesgo… con una sólida base ética inspirada en los valores centrados en las personas; identificar y reducir las situaciones de desigualdad, exclusión e inequidad existente en salud y en temas sociales que comprometen la calidad humana en nuestro país”.
Ya el año pasado hubo consternación por la muerte del poeta Raúl González Figueroa, en su tiempo ganador del Premio Municipal en 1973, quien fallece con el antecedente de haber estado 9 días sin comer en la residencia que lo acogía desde hace unos meses: el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) Cordillera de los Andes, dependiente del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y administrado por la Fundación “Agrupación Médica y Social Chile Ayuda” (Amsca).
La fiscalía indaga cuatro fallecimientos, mientras que una reciente investigación de la Contraloría determinó la falta de las fichas clínicas de los ancianos que murieron entre 2015 y 2016, además de problemas sanitarios, administrativos y financieros por $131 millones, en otras indagaciones se había verificado que el recinto acumulaba deficiencias de infraestructura, de mobiliario de instrumental y, peor, sin personal calificado o procedimientos correctos. Ancianos con hambre.
Con todo, se hace necesaria la denuncia de un diputado de la República para que estos hechos se pongan de relieve, para que la cruda realidad se haga pública muchas veces por un instante breve, con los responsables abrigados en la manifiesta capacidad de olvido de la ciudadanía.
No hay entonces suficiente cuidado, no existe la responsabilidad asumida de obrar bien, de ser justos, de cumplir con una misión humanitaria, a pesar que no se trata de trabajo voluntario, son organismos que dependen del Estado y que el Gobierno debiera garantizar, en cuanto a idoneidad y buenas prácticas, no es aceptable que tengan que morir ancianos para recién entonces llamar a una alerta más mediática, íntimamente asumida.
No basta con una declaración superficial de la ministra de Salud, en el sentido de que los fallecimientos deben obedecer a causas explicables, hace falta transparencia y ciertamente algo más de humanidad.