La cultura de la violencia se puede instalar como una forma cruel de juego, como ocurre con el matonaje escolar, pero también puede llegar a ser una forma distorsionada de relacionarse con los demás, remplazando el razonamiento por la imposición de la fuerza.
Se trata de una ley que tiene poco más de diez años y ya parece estar corta de alcances. La ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar, protege a las mujeres del maltrato que afecte sus vidas o su integridad física o síquica al interior de la familia o al interior del matrimonio. Diversas organizaciones sociales han expuesto su insatisfacción, al dejar fuera de su alcance otras formas de violencia contra la mujer, se pide ampliarla de modo de proteger más a las mujeres ante las distintas formas de violencia, más allá del contexto familiar.
La relación de circunstancias que deberían incluirse en la nueva legislación es aterradora, pero real, para el ciudadano común, educado en el concepto de sociedad pacífica, resulta difícil de creer que tales situaciones existan y si logra hacerlo, se las sitúa en el plano de lo altamente improbable.
Se ha denominado a tales adecuaciones la ley Antonia, en nombre de una joven fallecida por circunstancias como las aludidas; para quienes postulan las modificaciones a la ley existente, esta debería contemplar la violencia de género en todas sus manifestaciones: acoso sexual callejero, violencia ginecobstétrica, violencia en el pololeo, violencia entre mujeres lesbianas, crímenes de odio a las diversidades sexuales, feminicidio en todas sus formas y no sólo en los femicidios íntimos, inducción al suicidio, tortura, matrimonio a menores de edad, incesto, abuso sexual y violación.
Hay algunos países en Latinoamérica más avanzados en este aspecto, así ocurre en Argentina, con la ley 26.485 de protección integral a las mujeres, promulgada en abril de 2009, con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Recientemente, en un estudio que reunió 1.012 casos de jóvenes de todas las regiones del país y de distintos niveles socioeconómicos, en el marco del lanzamiento de la iniciativa #NoMásViolencia, encabezada por el Instituto Nacional de la Juventud y el Ministerio de Desarrollo Social, se reveló que un 51% de la población joven conoce a alguna persona víctima de violencia en el pololeo. De ese porcentaje, un 88% de los entrevistados dice saber de insultos, humillaciones y/o gritos en parejas, y un 54% de empujones o de arrojar cosas.
Asimismo, el estudio destaca que un 49% de los jóvenes opina que la principal causa de violencia dentro del pololeo, entre la gente de su misma edad, son los celos y en menor medida el machismo existente en la sociedad chilena. El director nacional de Injuv, Nicolás Farfán, pone de relieve el hecho que la ciudadanía ha sido testigo de casos de violencia dentro del pololeo, que ha llegado a tener víctimas fatales.
Del mismo modo que la cultura de la violencia se puede instalar como una forma cruel de juego, como ocurre con el matonaje escolar, también puede llegar a ser una forma distorsionada de relacionarse con los demás, remplazando el razonamiento o la humanidad, por la imposición de la fuerza
La ley puede llegar a ser modificada, llegar a establecer las penas que corresponda a los transgresores, amenazar con el duro brazo de la justicia, pero no evitará el dolor de las víctimas. La otra cara del problema radica en la educación en la escuela y familia, para forjar el valor del respeto mutuo y el cuidado del prójimo. No para escapar de la ley, sino para vivir en sociedad.