No es una época adecuada para pedir confianza, para solicitar se tenga fe en la probidad de los actores políticos o a los administradores, no es el momento para la credulidad. Es el tiempo de la transparencia, de no dar nada por supuesto sino dejar todos los asuntos a plena luz del día, un ejercicio que tendrá que repetirse todo el tiempo que sea necesario hasta que las pruebas objetivas y rutinarias dejen de ser indispensables. Pero ese momento no está aquí, está lejos de ser posible, por lo tanto hay que mostrar las cartas, salvo que se quiera tomar el riesgo de dar la impresión que hay asuntos debajo de alfombra.

El presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, se ha referido recientemente a la necesidad de evidenciar sin dobleces la transparencia municipal, especialmente porque ha transcurrido poco tiempo desde que asumieron nuevos alcaldes en varias comunas del país, y su llegada a tomar el puesto ha estado marcada, en más municipios de lo que hubiera sido deseable, por denuncias de variado tipo, desde la peccata minuta del desorden, a la no tan irrelevante situación de cuentas raras, dudas con respecto a la probidad, desprolijidad en el manejo presupuestario, evidencias de clientismo, en la forma de personal contratado con funciones imprecisas, o a última hora, para dejar la cancha rayada al sucesor.

El argumento principal para exigir la cuentas con el máximo grado de cristalinidad es aquel de la cercanía, la administración municipal es el área más próxima de la administración para el ciudadano común, es el área poco menos que doméstica, de tal manera que sus actividades deben ser a la vista de la comunidad y sus anomalías investigadas y corregidas por las entidades correspondientes sin dilación alguna, en una estructura sobre la cual la ciudadanía no debe tener duda alguna.

Las situaciones pueden ser de poco calibre o de escasa visibilidad, pero otras son de mucho impacto sobre el funcionamiento de la urbe, un ejemplo de antología es lo ocurrido en un tramo de la calle San Martín, en el cual un error de diseño ha obligado al municipio de Concepción a desembolsar $38 millones de pesos, un monto estimado, por un funcionario municipal, como relativamente menor, siendo molestia absolutamente mayor para transeúntes y para los 2 mil 900 taxibuses y un número indeterminado de vehículos particulares, que diariamente circulan por esa muy transitada intersección.

Lo inquietante en esta situación es que aparentemente todas las regulaciones estaban cumplidas, se supone que el diseño que ahora causa los inconvenientes, fue debidamente aprobado por los organismos correspondientes, como por ejemplo el Serviu, el municipio e, incluso, un consultor de ingeniería. Los encargados de comunicaciones del municipio deben perfeccionar la manera como se informa a la ciudadanía qué sucede en instancias como ésta, quién es el responsable, quién se hace cargo de las boletas. Salvo que se quiera dejar este asunto en la lista de asuntos que no vale la pena explorar, dineros que quedaron en algún lado, la consabida cuenta al inefable Sr. Moya.

Ante esta situación y otras homólogas es esencial que los alcaldes y concejales instalen una efectiva cultura de la transparencia en la gestión de sus municipios, como también que los ciudadanos actúen más proactivamente en el control social de sus autoridades.