Se registraron autodespidos y la situación está en conocimiento de la Dirección del Trabajo.
Lo que debes saber
Una compleja situación laboral afecta a 24 trabajadores que realizaban labores de construcción y mantención en el Hospital Provincial Rafael Avaria de Curanilahue. Los afectados denunciaron sueldos impagos, deudas previsionales y finiquitos pendientes, lo que motivó la presentación de una demanda laboral contra la empresa contratista Altamirano y Soto, así como contra el Hospital de Curanilahue y el Servicio de Salud de Arauco en su calidad de mandantes.
Según los antecedentes expuestos por el abogado de los trabajadores, las remuneraciones no se perciben desde junio. Esto ha generado serias dificultades económicas para las familias involucradas, quienes deben enfrentar gastos básicos y compromisos financieros sin ingresos.
El abogado de los trabajadores, Álvaro Sánchez, enfatizó la gravedad de las irregularidades cometidas por la contratista. “Existen múltiples incumplimientos: no pago de remuneraciones, cotizaciones de salud y AFP, seguro de cesantía y finiquitos. Incluso a trabajadores ya desvinculados no se les cancelaron sus prestaciones”, afirmó.
El jurista explicó que este escenario forzó a los operarios a recurrir a la figura legal del autodespido para demandar tanto a la contratista como al Hospital Provincial y al Servicio de Salud Arauco por responsabilidad solidaria y subsidiaria.
Entre los testimonios de los afectados figura el de Juan Ignacio Marino González, prevencionista de riesgos. “Nos quedaron debiendo dos meses de sueldo. Nos decían que una vez que el hospital pagara ciertas partidas pendientes se pondrían al día, pero eso nunca ocurrió. Por eso decidimos interponer la demanda y acogernos al autodespido el 8 de julio. Al revisar nuestras cuentas, descubrimos lagunas previsionales en febrero, abril y los últimos meses“, relató.
Curanilahue desde las alturas. Foto: Carolina Echagüe
Por su parte, Mauricio Urrutia, otro de los trabajadores afectados, indicó que las irregularidades comenzaron entre fines de 2025 y principios de 2026. “La empresa empezó a retrasar las remuneraciones una o dos semanas sin dar explicaciones. Después redujeron los frentes de trabajo y empezaron a despedir personal, ofreciendo pagos de finiquitos en varias cuotas”, denunció.
“Llevo más de 2 años en la empresa, no cobré vacaciones y mi contrato era indefinido. Hay personas que venían de pagar en marzo sus cosas para el colegio de su hijo, después pasaron Fiestas Patrias sin ni un peso y, hasta la fecha, ninguna disculpa de la empresa. Somos familias que nos ha calado hondo esto, tenemos una rabia enorme, hablo por mí y varias personas más que expresan lo mismo y necesitamos que en esto se haga justicia pronto”, concluyó Urrutia.
Frente a esta coyuntura, la seremi del Trabajo y Previsión Social del Biobío, Camila Álvarez, detalló que el caso está en conocimiento de la Dirección del Trabajo (DT).
La autoridad precisó que, si bien se trata de tres obras dentro del recinto, en la oficina comunal de la DT no registraron denuncias previas que derivaran en fiscalizaciones en terreno. No obstante, confirmó la existencia de procedimientos administrativos pasados.”Sí tuvimos conocimiento de cinco procesos de comparendo donde la empresa fue citada y multada por no asistir. Existían indicios de incumplimientos y de no comparecencia a estas instancias”.
Respecto del avance de las acciones legales, la seremi explicó que el caso escaló al ámbito judicial: “Revisando la información del Poder Judicial, constatamos que hay dos procesos laborales en curso. El más relevante involucra a 18 trabajadores que interpusieron una demanda por autodespido o despido indirecto, invocando un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, como el no pago de finiquitos, sueldos y cotizaciones. En este punto, la Dirección del Trabajo pierde competencia para seguir el proceso administrativo”. Pese a ello, aseguró que el Ministerio monitoreará la causa judicial para velar por el resguardo de las obligaciones laborales.
“El hospital cuenta con una boleta de garantía cuya función principal es asegurar el pago de obligaciones laborales y previsionales. Constatamos que las demandas fueron contestadas por la empresa contratista y que el hospital, en su condición de demandado indirecto, debiera responder por las obligaciones correspondientes al tiempo trabajado mediante dicha boleta”, explicó.
Por su parte, el subdirector administrativo del Hospital de Curanilahue, Juan Luis Pérez Araneda, señaló que como establecimiento se encuentran revisando los antecedentes para evaluar las medidas contractuales que correspondan. Asimismo, garantizó la continuidad de los trabajos: “Las obras se han mantenido e incluso varios proyectos ya finalizaron en los plazos establecidos”.
Cabe señalar que Diario Concepción intentó comunicarse con la empresa, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no fue posible un contacto con la firma aludida.