La fiscalización busca determinar si las decisiones de inversión vulneraron las obligaciones legales de las AFP.
•La Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP para investigar su eventual responsabilidad en las pérdidas de los fondos D y E.
•La investigación busca determinar si las administradoras incumplieron sus deberes legales de diligencia, protección de los ahorros previsionales y prevención de conflictos de interés.
La Superintendencia de Pensiones investigará si las administradoras incumplieron sus obligaciones al gestionar los recursos de los afiliados, tras las pérdidas registradas en los fondos más conservadores del sistema.
La Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios contra las siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del país, con el objetivo de determinar si tuvieron responsabilidad en las pérdidas de valor que afectaron particularmente a los fondos de pensiones Tipo D y E.
La decisión se adoptó luego de que el organismo concluyera las acciones de fiscalización relacionadas con estos resultados. La investigación buscará establecer si las administradoras incumplieron sus obligaciones legales al tomar decisiones de inversión con los recursos de sus afiliados.
En concreto, el proceso apunta a determinar si las AFP respetaron el deber de lealtad y diligencia establecido en el artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500, además de las disposiciones de la Norma de Carácter General N° 340, vigente desde julio de 2025.
La legislación establece que las administradoras deben realizar las gestiones necesarias para resguardar la rentabilidad y seguridad de los fondos que gestionan, actuando exclusivamente en beneficio de los afiliados.
Por su parte, la normativa establece obligaciones relacionadas con el cuidado de los recursos previsionales, la prevención de conflictos de interés y la aplicación de estándares de diligencia en las decisiones de inversión.
El inicio de los procedimientos no implica que las AFP hayan sido declaradas responsables de las pérdidas. Será el desarrollo de las investigaciones el que permitirá determinar si existieron incumplimientos y si corresponde aplicar sanciones.
El caso cobra relevancia para los afiliados, especialmente para quienes mantienen sus ahorros en los fondos D y E, alternativas que suelen ser utilizadas por personas que buscan una exposición menor al riesgo de las inversiones.