Existe tensión ante la posible instalación del Parque Marino Juan Fernández II lo que impactaría al sector.
Una prácticamente nula presencia de la jibia en las costas de la Región del Biobío por más de un año dejó una dura huella en más de 4 mil pescadores artesanales, golpeando con especial fuerza a la comuna de Lebu. Ollas comunes y gestiones al más alto nivel gubernamental y legislativo marcaron los meses en que el recurso desapareció del territorio y la normativa impidió buscarlo fuera de los límites regionales.
Ante este antecedente, la Municipalidad de Lebu y la Federación de Pescadores Artesanales (Ferepa Biobío) manifestaron su preocupación para prevenir una situación similar respecto de la albacora o pez espada.
La alcaldesa, Marcela Tiznado, aclaró que “hoy no podemos hablar de una crisis; sin embargo, existe una preocupación real por el futuro de la pesca de la albacora. No se puede pretender prohibir la captura de un recurso migratorio en sus caladeros históricos, afectando a la flota que opera sobre las 50 millas y golpeando directamente los desembarques y la economía local”.
La jefa comunal confirmó haber advertido la situación al Gobierno central con el respaldo de congresistas y autoridades locales. “En la reunión que sostuve con el Presidente José Antonio Kast le planteamos personalmente este escenario”, indicó.
Tiznado enfatizó que solicitan “no generar nuevas restricciones para la flota artesanal mientras no existan medidas concretas de mitigación y compensación, y que los pescadores sean escuchados en las decisiones que definirán el futuro de la actividad”.
Vinculado a lo anterior, se emitió un comunicado en el que se detalló que hubo un oficio suscrito por la propia jefa comunal; el gobernador regional, Sergio Giacaman; los senadores Enrique van Rysselberghe, Sebastián Keitel y Gastón Saavedra; y los diputados Flor Weisse, Joanna Pérez, Cristóbal Urruticoechea, Patricio Pinilla, Roberto Arroyo, Sergio Bobadilla y Francesca Muñoz.
La preocupación tiene especial relevancia para la comuna considerando que entre 70 y 90 lanchas albacoreras de la flota nacional pertenecen a puertos del Biobío, principalmente Lebu y San Vicente (Talcahuano). Estas embarcaciones realizan faenas de entre 15 y 30 días en alta mar y la flota regional representa entre un 35% y un 40% del desembarque nacional de pez espada.
Cristián Arancibia, presidente de Ferepa Biobío, explicó que la inquietud del sector surge ante la eventual instalación del Parque Marino Juan Fernández II, en la Región de Valparaíso, el que contempla una superficie de $193.998text{ km}^2$ de área protegida, lo que fue aprobado en marzo de este año.
“Esta propuesta busca proteger el ecosistema de la isla, pero podría generar un impacto grave en la pesca artesanal que desde hace décadas realiza un esfuerzo sustentable sobre la albacora en esa zona”, señaló.
Arancibia añadió que trabajan junto a la autoridad sectorial, parlamentarios y el municipio para frenar el cierre del área a la actividad extractiva. “Proteger un ecosistema sensible es necesario, pero la pesca artesanal tradicional no debe ser golpeada. Cerrar este espacio representará un riesgo latente y un incremento en la desocupación en la región”, advirtió.

Foto: Subpesca
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, afirmó que la repartición está analizando la situación de todas las pesquerías. “El caso de la albacora no es la excepción, sobre todo porque genera numerosos empleos y dinamiza la economía artesanal”, sostuvo.
Urrutia apuntó además a los cambios en las condiciones oceanográficas y al aumento de la temperatura del mar. “La albacora es una especie altamente migratoria y se han registrado variaciones en su desplazamiento, retornando a caladeros históricos como Juan Fernández, por lo que mantenemos un constante monitoreo”, precisó.
El subsecretario anunció que, “previa consulta al Consejo Nacional de Pesca, se está trabajando en la creación del Comité de Manejo de la Albacora para que los pescadores participen activamente de las decisiones basadas en evidencia científica”. Asimismo, confirmó la disposición del Ejecutivo para resguardar las áreas de pesca y avanzar en la incorporación de Chile como miembro permanente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).
La denominada “crisis de la jibia” afectó de forma directa a cerca de 4 mil pescadores artesanales en la zona, según estimaciones municipales. La escasez se prolongó por más de un año en un contexto regulatorio que prohibía la captura fuera de los límites regionales.
En septiembre de 2025, el entonces ministro de Economía, Álvaro García, reconoció en entrevista con Diario Concepción la brusca caída en el desembarco del recurso producto de las variaciones térmicas del mar, señalando en su momento la necesidad de conformar comités científicos y de manejo previos a cualquier decreto de administración pesquera.
En ese mismo mes del año pasado, Alexis Gavilán, presidente de la Mesa de la Jibia de Lebu, reafirmó que, efectivamente, llevaban más de 11 meses sin poder capturar el recurso sin tener soluciones concretas. “El Gobierno se ha mostrado indolente con la grave crisis que afecta a los pescadores artesanales de la jibia en Lebu; las familias de los pescadores no tienen para comer, se organizan ollas comunes y estas serán las peores Fiestas Patrias que tendremos desde hace años”, dijo en ese momento.