El Gobierno propone una cotización del 0,35% de cargo del empleador compensada con una rebaja equivalente en el Seguro de Cesantía. Se considera una implementación gradual de cuatro años.
El Gobierno formalizó esta semana sus indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal, una medida con la que busca destrabar la tramitación de la iniciativa mediante una nueva fórmula de financiamiento y una ampliación gradual de la cobertura.
En lo fundamental, el proyecto apunta a extender el beneficio a trabajadores dependientes e independientes, eliminando la actual exigencia que obliga solo a las empresas con 20 o más trabajadoras a garantizar este derecho.
Entre las principales modificaciones propuestas por el Ejecutivo se encuentran la creación de un Fondo de Sala Cuna, la incorporación de nuevos grupos beneficiarios y un nuevo mecanismo de financiamiento.
Este último punto considera una cotización adicional de 0,35% de cargo del empleador, la que —según explicó el Ejecutivo— será compensada con una reducción equivalente en la cotización que actualmente pagan las empresas al Seguro de Cesantía, con el objetivo de evitar un aumento en los costos laborales.
Según el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el caso de los trabajadores independientes, esta cotización se pagará de la misma forma que los demás seguros sociales. Además, se dispondrá un aporte fiscal de 11.631 UTM (cerca de $10.000 millones) durante los dos primeros años posteriores a la publicación de la ley. Asimismo, en caso de que los recursos del fondo sean insuficientes, la diferencia será cubierta por el Estado.
Cabe recordar que la iniciativa, originalmente presentada en 2022, busca extender el beneficio más allá de las trabajadoras dependientes. Entre los cambios se incluye el acceso para padres y cuidadores que tengan el cuidado personal de un niño o niña, trabajadores independientes y trabajadoras de casa particular.
foto Raphael Sierra
Desde la Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción (CPC Biobío), su presidente, Álvaro Ananías, valoró las indicaciones ingresadas por La Moneda.
“El nuevo diseño atiende una inquietud muy relevante de los gremios: que este derecho no se transforme en un desincentivo para contratar, especialmente en las pymes y particularmente en el empleo femenino. La fórmula de financiamiento, que compensa la cotización adicional con una rebaja en el Seguro de Cesantía, permite avanzar en cobertura sin generar mayores costos laborales y de esta forma no perder competitividad”, afirmó Ananías, destacando también la eliminación de la barrera del artículo 203.
Una mirada distinta manifestó Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo A.G. de Concepción. Si bien reconoció que la iniciativa busca mitigar la cesantía femenina en un sector intensivo en mano de obra como el comercio, expresó su preocupación de que las indicaciones puedan terminar perjudicando el empleo de las mujeres.
“Aunque hay indicaciones sobre cómo se busca financiar la iniciativa, todavía es algo que debe ser discutido en el Congreso, por lo que no hay claridad sobre esto ni acerca de cómo se administrará el cargo para los empleadores. Además, nuevamente surge la interrogante de cómo se diferenciará entre pymes y grandes empresas, ya que se propone que exista una cotización que sea de cargo del empleador”, advirtió la dirigenta, agregando que las pymes ya arrastran un aumento de costos por normativas anteriores.
Iván Montes, vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria Regional —que agrupa a más de 30 sindicatos de la zona—, manifestó sus reparos. “Esta carga que considera un porcentaje del Seguro de Cesantía (para integrar un fondo de sala cuna) la vemos como una baja o una pérdida de lo que es la seguridad social del trabajador al verse mermado dicho seguro”, alertó Montes. Asimismo, el dirigente sindical expresó su preocupación por una eventual disminución de los estándares de las salas cuna con las nuevas integraciones que puedan realizarse al proyecto y criticó que “las grandes empresas no tengan la obligación de financiar las salas cuna para sus trabajadores y trabajadoras”.
Foto: Fundación integra
Las indicaciones establecen una gradualidad de cuatro años para la implementación de la ley. Durante el primer año se incorporarán los hijos de mujeres trabajadoras dependientes y de personas que acrediten legalmente el cuidado personal del menor. Posteriormente, se sumarán las trabajadoras independientes, de casa particular y distintos grupos de padres trabajadores, hasta alcanzar la cobertura total.
Otra de las modificaciones relevantes es la eliminación del artículo 203 del Código del Trabajo. Dicha norma obliga hoy a las empresas con 20 o más trabajadoras a financiar el acceso a sala cuna, un requisito cuestionado por diversos sectores que consideran que desincentiva la contratación femenina y aumenta los costos laborales, particularmente para las pymes.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Educación del Senado, instancia que ya programó sesiones para analizar el contenido de las indicaciones junto a los ministerios involucrados, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).