Gobierno y gremio analizan medidas ante reciente resolución de la Contraloría General de la República.
Una serie de reacciones locales trajo la reciente definición de la Contraloría General de la República (CGR), la que declaró ilegal la resolución que permitió aumentar el registro de pesca. La CGR determinó que la resolución exenta N° 2.563 de 2025 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) “no se ajustó a derecho”.
El ente contralor cuestionó el mecanismo impulsado por el exsubsecretario Julio Salas, durante la administración del exPresidente Gabriel Boric, para incorporar a nuevos armadores artesanales a distintas pesquerías del territorio nacional.
El dictamen es producto de una presentación realizada por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y varias organizaciones de pescadores artesanales. Para los denunciantes, la medida vulneraba la Ley General de Pesca y Acuicultura al abrir, de forma indiscriminada, el acceso a pesquerías que estaban en estado de plena explotación y bajo régimen de cierre para nuevos ingresos.
Desde la Contraloría General de la República (CGR) recordaron que el Registro Pesquero Artesanal (RPA) es un catastro formal para ejercer la actividad pesquera comercial. Este instrumento establece un número limitado de pescadores con el propósito de ordenar, controlar y hacer sustentable la actividad en el tiempo.
En concreto, la anterior administración abrió el RPA para inscribir a cerca de 12 mil nuevos pescadores en vista del trabajo en torno al jurel, la jibia, la reineta, el langostino amarillo, el langostino colorado, el camarón nailon y la merluza de cola.
Según el ente contralor, el proceso pasó por alto los mecanismos técnicos de la legislación vigente y no respetó las listas de espera de otros pescadores que sí habían realizado el trámite de forma correcta.
Cristian Arancibia, presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales (Ferepa Biobío), manifestó que “a nuestro juicio, es importante precisar que el dictamen conocido no cuestiona el objetivo de incorporar a pescadores artesanales a determinadas pesquerías ni el espíritu de la Ley N° 21.752, sino que observa aspectos procedimentales asociados a la forma en que la Subsecretaría de Pesca implementó dicha medida”.
En ese contexto, el líder gremial complementó que corresponde a la autoridad pesquera analizar los alcances del pronunciamiento y adoptar las acciones para regularizar administrativamente la situación mediante los mecanismos que contempla el ordenamiento jurídico vigente.
“Como organización regional, nos preocupa especialmente la situación de miles de pescadores artesanales y armadores que fueron incorporados al RPA al amparo de una decisión adoptada por la propia autoridad competente, lo que generó legítimas expectativas respecto del desarrollo de su actividad productiva”, sumó Arancibia.
Sobre la cifra definitiva de afectados en el Biobío, el dirigente explicó que se encuentran recopilando antecedentes para dimensionar el impacto con precisión, por lo que consideró prematuro entregar un número cerrado. Por ello, el gremio hizo un llamado a Subpesca a gestionar con celeridad las medidas legales que resguarden la certeza jurídica y la estabilidad laboral de las familias que actuaron de buena fe.
Foto: Subpesca
El seremi de Economía, Cristián Cifuentes —cartera de la cual dependen las instituciones públicas vinculadas al sector—, sostuvo que la CGR fue categórica al indicar que se debe invalidar el acto administrativo que incorporó los 12 mil nuevos registros a nivel nacional.
“Dado que se trata de una situación reciente, estamos recopilando el máximo de información posible para buscar la manera de no perjudicar a quienes recibieron este beneficio por un acto administrativo declarado ilegal por la Contraloría”, afirmó la autoridad regional de Economía.
Respecto a la cantidad de afectados en el Biobío, Cifuentes expresó: “Queremos ver los caminos más adecuados de corrección entendiendo el requerimiento de la CGR, pero minimizando los daños, porque entendemos que en nuestra región los afectados podrían llegar a ser entre 2.100 y 2.200 pescadores artesanales”.
Desde la Seremi añadieron que ya se reunieron con la Dirección Zonal de Pesca para abordar el escenario local.
Cabe mencionar que, de acuerdo con Sernapesca, en la Región del Biobío hay 22.641 pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), lo que representa el 21% del total nacional. Además, el sector cuenta con una flota operativa de aproximadamente 3.331 embarcaciones en la zona.
Foto: Cedida.
La CGR determinó que las exautoridades de Subpesca, encabezadas por Julio Salas, actuaron fuera de la normativa. Uno de los principales cuestionamientos apunta a que se utilizó la Ley N° 21.752 para justificar las nuevas incorporaciones al RPA, pese a que dicha norma únicamente modificó el fraccionamiento de cuotas entre el sector industrial y el artesanal.
La Contraloría aclaró que esa ley no permite reabrir pesquerías cerradas, modificar el régimen de inscripción del registro ni eliminar las restricciones para recursos en plena explotación.
Además, reiteró que una medida de este tipo exige consultas previas al Consejo Zonal y al Comité de Manejo correspondiente, por lo que la resolución eludió el mecanismo legal de reemplazo por vacancia y “desnaturalizó el carácter cerrado de dichas pesquerías”.
Finalmente, el dictamen concluye que la medida carece de sustento técnico suficiente. Ante esto, el organismo fiscalizador instruyó a la actual Subsecretaría a corregir la situación utilizando la potestad invalidatoria constante en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, mecanismo que permite dejar sin efecto actos administrativos ilegales. La Contraloría otorgó un plazo de 15 días hábiles para informar las medidas adoptadas.
Al respecto, el actual subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, confirmó que “vamos a cumplir y adoptar todas las medidas instruidas por la Contraloría, asumiendo que se trata de una ilegalidad cometida por la administración anterior. La orden consiste en invalidar el acto respectivo. Sin embargo, también queremos ser claros: realizaremos todos los esfuerzos a nuestro alcance para que esta situación, a largo plazo, tenga el menor impacto posible sobre los pescadores artesanales, quienes no son responsables de las decisiones administrativas que originaron este problema. Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad, apegarnos a la ley y resguardar los intereses del sector”.