A través de un comunicado emitido por la Municipalidad de Lebu se dio a conocer una compleja situación que afecta a un grupo de pescadores artesanales de la comuna de Lebu, quienes fueron sancionados con multas en la localidad de Constitución, región del Maule, mientras se encontraban en labores de búsqueda de recursos marinos en zonas fuera de su jurisdicción habitual.

Ante este escenario, la alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado Fernández, junto a concejales de la comuna, se reunió con los afectados para abordar en conjunto las repercusiones de estos hechos y buscar soluciones que permitan enfrentar la problemática.

Según lo informado por la Municipalidad de Lebu, la autoridad comunal manifestó su preocupación por el impacto que estas sanciones tienen sobre la economía de los trabajadores del mar y sus familias. “Nuestros pescadores se han visto obligados a desplazarse a otras regiones debido a la escasez de recursos marinos en nuestras costas. Es injusto que, en medio de este esfuerzo por subsistir, sean castigados con medidas que no consideran la realidad que enfrentan”, señaló la alcaldesa.

A su vez, fuentes del municipio de Lebu indicaron que esto tiene que ver, en este caso, con que “la normativa indica que la jibia no puede ser extraída fuera de la Región, y por eso han sido multadas embarcaciones de la región del Biobío, entre ellos Lebu. Lo que se está pidiendo desde las dirigencias de pesca artesanal y desde el municipio es modificar esta normativa, ya que la jibia es un producto de características migratorias. Digamos que para esta problemática hay dos soluciones, una que desde el Congreso se declare la jibia como migratoria y se elimine la regionalización de los peces, y otra, que sería mediante la vía administrativa, por un decreto presidencial. Desde el municipio se ofició al presidente también para buscar esta vía”.

La situación ha generado inquietud en el mundo pesquero artesanal, debido a que evidencia las dificultades que enfrentan las comunidades costeras ante la disminución de los recursos marinos, así como la falta de coordinación interregional para permitir una actividad pesquera sostenible y solidaria.

Las autoridades locales anunciaron que solicitarán reuniones con organismos regionales y nacionales, como Sernapesca y Subpesca, para abordar el conflicto y buscar mecanismos que eviten este tipo de sanciones en el futuro, asegurando el respeto a la actividad pesquera artesanal y la protección de los derechos de quienes la ejercen.