El cese de operaciones de Huachipato subraya los desafíos de la industria siderúrgica chilena frente al acero chino. Las medidas propuestas por la Comisión Antidistorsiones, tras detectar dumping, aún no solucionan la crisis. La docente del Depto. de Derecho Económico UdeC, Vanessa Elizondo, recalcó que la falta de anticipación en este escenario complica la situación.
El reciente cierre de la Siderúrgica Huachipato ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrenta la industria siderúrgica chilena frente a las importaciones de acero chino. Este fenómeno ha sido objeto de análisis por parte de la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de mercaderías importadas, y el anuncio de cese de operaciones de esta filial de CAP S.A. que deja en peligro 22 mil empleos pone en entredicho la anticipación y proyección eficaz en áreas estratégicas para nuestro país.
La Comisión Antidistorsiones es el organismo encargado de investigar y abordar prácticas comerciales desleales en cuanto a mercancías importadas, con el fin de proteger la producción nacional y recomendar medidas correctivas para garantizar la equidad en el comercio internacional.
Esta entidad de carácter técnico, integrada por representantes de diversas instituciones públicas relacionadas con el sector económico, fue convocada para intervenir en el caso de los precios de las importaciones de acero chino y su impacto negativo en la industria nacional. La Comisión logró acreditar la presencia de dumping, es decir, la práctica de vender mercancías en un mercado extranjero a un precio inferior al precio normal de mercado en el país de origen, por lo que recomendó como medida correctiva la imposición de sobretasas a las importaciones arancelarias provisorias en bolas y barras de acero. En el caso de las bolas de acero, las sobretasas promedian el 15,3%, mientras que en el caso de las barras se promedia 15,1%.
La académica del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y Jefa de Carrera de Derecho del Campus Chillán, Vanessa Elizondo Cerda, si bien celebró el reconocimiento del dumping y de la existencia de competencia desleal, estimó que las medidas propuestas aún no eran suficientes para sacar a la industria nacional de la situación de apremio.
“Después del anuncio de Huachipato, claramente lo que se nos dice es que el anuncio de la Comisión Antidistorsiones es insuficiente para competir. Aparentemente, incluso con la sobretasa, el costo nacional es mayor que el precio que podría llegar la industria el acero chino, con la sobretasa. Si me preguntas si la medida está siendo efectiva, la respuesta es no”, sentenció.
Para la docente y abogada especialista en Derecho Económico, existía viabilidad para estudiar con previsión el diseño de salvaguardas en favor de las empresas chilenas. Sin embargo, recordó que Chile, al ser parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuenta con un margen restringido de acción.
“Quizás todo se pudo haber anticipado de alguna manera para que la Comisión funcionara un poco más de oficio, en el fondo, que pudieran estar observando mercados estratégicos a nivel nacional y proponer medidas con antelación. Pero es complejo en un escenario internacional poder hacer cosas, porque primero se debe probar la existencia de dumping”, explicó Vanessa Elizondo Cerda.
A pesar de que estima poco probable la posibilidad de que China entre en una disputa abierta con Chile en organismos internacionales, no descartó que el principal socio comercial de nuestro país ejerza presión de manera velada en las exportaciones chilenas.
“Hay que considerar el volumen de lo que exportamos hacia allá, y siempre está la posibilidad de que puedan tomar alguna represalia. Por ejemplo, que disminuyan la compra de algunas frutas que nosotros exportamos Es un escenario complejo porque el gobierno chileno no puede hacer cualquier cosa, ya que siempre está la posibilidad de que el gobierno chino también responda”, resumió.
Por ello, la docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UdeC reflexionó que las entidades públicas, en conjunto con las empresas, la academia y los centros de investigación, deben generar un trabajo colectivo para tratar estas temáticas con antelación y no cuando el campo de acción se desvanece.
“Como academia creo que estamos al debe en investigación. No tanto de libre competencia porque hay varios centros específicos, particularmente en Santiago. Siento que con el tema de competencia desleal hay poco estudio, sobre todo desarrollado de manera aplicada en la industria nacional. Falta conexión con la industria que lo necesita, y estos temas siempre salen cuando casi no hay vuelta atrás”, finalizó la abogada Vanessa Elizondo Cerda.