Esto en medio de un programa inspectivo realizado en 12 regiones del país por parte de la Dirección del Trabajo. La multa total fue de más de $600 millones.
Un total de 12 fiscalizaciones agrícolas se llevaron a cabo en la Región del Biobío por parte de la Dirección del Trabajo (DT), las cuales arrojaron infracciones en el 50% de los casos.
Lo anterior se dio en el marco de un programa inspectivo realizado en 12 regiones del país, y donde las revisiones estuvieron enfocadas en seguridad y salud de faenas, en torno a predios de temporada, transporte de trabajadores temporeros y packing.
De acuerdo a la Superintendencia de Seguridad Social, el trabajo agrícola de temporada registra una tasa de accidentabilidad del 3,9%, solo superada por la industria manufacturera, con el 4%. En cuanto a mortalidad, ocupa el cuarto lugar, con una tasa de 5,5 por cada 100 mil trabajadores.
El director del Trabajo, Pablo Zenteno, explicó que “la labor agrícola de temporada es una actividad que fiscalizamos proactivamente todos los años porque sus características repercuten en la salud de miles de trabajadoras y trabajadores a lo largo del país, tal como lamentablemente lo demuestran las estadísticas oficiales y los resultados de este programa inspectivo 2023, en el que poco más de dos tercios de las infracciones detectadas correspondieron a materias de higiene y seguridad”.
En el Biobío hubo 168 trabajadores fiscalizados en el contexto de la fiscalización agrícola realizada entre enero y marzo de este año. Seis de estas presentaron un total acumulado de 16 infracciones. De esa cantidad, cuatro significaron multas, llegando a $32 millones 389 mil 480.
Predio Agrícola de Temporada y packing fueron las dos que resultaron con infracciones y multas: cuatro y tres, respectivamente.
En el primer caso, la mayoría tuvieron que ver con “no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo”; “no informar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales”; “no contar con programa escrito teórico – práctico de protección y prevención contra la exposición ocupacional a radiación UV solar 2”; y “no contratar un seguro individual obligatorio de salud asociado a Covid-19, para desarrollar su labor de manera presencial, durante la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Covid-19”, de acuerdo a la información entregada por la Inspección del Trabajo.
Por otro lado, los incumplimientos del sector packing fueron el “no mantener un número suficiente de artefactos en los servicios higiénicos; “no contar con agua potable destinada al consumo humano” y “no contar el sistema de agua potable con la autorización sanitaria”.
La seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región del Biobío, Sandra Quintana, explicó que “las fiscalizaciones que estaban programadas son cinco en total”, y valoró que “en el caso del transporte la situación fue aceptable, no hubo nada que ameritara algún tipo de multa”.
“Lo que se puede concluir es que, en definitiva, hay que poner un poco más de énfasis en las zonas de packing porque ahí ha habido infracciones. También en el programa de los predios agrícolas, donde trabajan los temporeros y temporeras. Eso sería lo más importante en lo que vamos a tener que trabajar con la Dirección del Trabajo en aquellos predios donde hubo irregularidades, como también en aquellas zonas de packing donde no se estaba cumpliendo con lo que legalmente corresponde en beneficio de los trabajadores”, cerró Sandra Quintana.
Diario Concepción contactó a la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio) , entidad gremial de esta industria en la Región. Al cierre de esta edición no hubo una versión por parte de Socabio.
A nivel nacional la Dirección de Trabajo aplicó multas superiores a los $643 millones, tras la realización de 617 fiscalizaciones.
“El programa nacional se desarrolló entre enero y marzo en doce regiones: Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, detalló la DT, agregando que “globalmente, se efectuaron 617 fiscalizaciones, 122 de las cuales culminaron con multas por un total de $643.254.030. Las inspecciones abarcaron a 374 empresas únicas, 129 principales, 108 contratistas, 4 subcontratistas y 2 usuarias”.
“Al momento de las fiscalizaciones, estas empresas empleaban a 27 mil 457 trabajadoras y trabajadores. De este total, el 48,9% eran mujeres y el 51,1% hombres. Asimismo, el 6% de ellos eran extranjeros.Las fiscalizaciones a predios constataron el trabajo de adolescentes con edad para hacerlo y sus derechos debidamente respetados”, concluyó la entidad.